Todos los pueblos tienen sus historias de injustica social, en que el poder parece imponerse sobre los más débiles. Pero también, en cada pueblito, hay personajes que sí de “pescar” se trata aplican ese viejo refrán “a río revuelto ganancia de pescadores”. En este breve artículo, se recrean algunas señales para que los ciudadanos de Puerto Deseado saquen sus propias conclusiones acerca de quienes ganan cuando la fuerza trabajadora del sector pesquero pierde.
Feliz día del “amigo” 20 de Julio del año 2007
Puerto Deseado (del Editor). El 20 de Julio del 2007, una interna político gremial del SOMU y la lucha local por un nuevo convenio colectivo de trabajo para los marineros radicados en Puerto Deseado, fueron los detonantes de un conflicto que escaló con amplia legitimidad de distintos sectores y que culminó con la destrucción parcial de los bienes en tierra de las empresas pesqueras, mayoritariamente sindicadas como de origen “gallego”. Estos hechos, que fueron calificados en la opinión pública mediática nacional e internacional de “estallido”, realizado por “vándalos” e “incendiarios” también fueron explicados por la “incapacidad de previsión y la holgazanería de los políticos locales y de la Provincia” además de ser atribuidos a la complicidad de “empresarios inescrupulosos”.
En la perspectiva de los sindicalistas, la sensación de sentirse traicionados por empresarios y excluidos por su organización madre (SOMU) y desoídos por el poder político provincial, explicaban las consecuencias de los hechos que impactaron en lo acertadamente denominado por el canal local “Cronología de una calamidad”. Su reclamo que había comenzado con piquetes, con asambleas populares y que tuvo como foro permanente el propio salón San Martín de la Municipalidad reunió a proveedores, comerciantes, sindicatos de otras ramas y del Estado, ciudadanos que entre el 18 y el 20 de Julio no encontraron a un actor: El Estado y la sociedad de derecho, es decir la Justicia. Así dada las cosas, la ciudad se paralizó totalmente, a la vez que el reclamo intensificó su legitimidad social y los ánimos de los protagonistas se exaltaron hasta llegar a lo previsible: la destrucción de las plantas pesqueras de Vieira, Pescargen, Pespasa, Santa Elena, Arbumasa SA, Argenova, Pesquera Santa Cruz, y Empesur.
Que vuelva la señora justicia y el Estado de derecho
Ocurrido este episodio dramático, se retoma el Estado de derecho y los “hombres de bien” de Puerto Deseado reclamaban chivos “expiatorios”, cargando las culpas en líderes sindicales y en unos cuantos proveedores más cercanos a los supuestos incendiarios. Desde ese día desapareció el pueblo y los sectores sociales que habían estado en el salón San Martín de la Municipalidad, no era raro este nuevo escenario en el que en nombre de los “incendiarios” unos pocos comerciantes aprovecharan la tragedia, y también en nombre de sus ventas caídas recibieran cientos de miles en créditos reintegrables a tasa cero que debían pagarse al municipio.
Lo mismo ocurriría luego con las empresas afectadas materialmente, sin que el reclamo que dio origen a la protesta tuviera una solución definitiva por ese entonces. Ha corrido mucha agua bajo el puente, y las consecuencia de cómo se instaló en la opinión pública el incendio y los culpables, silenció por siete años, quiénes ganaron y quienes perdieron en ese conflicto, que en definitiva tuvo como protagonista al conjunto de líderes sociales y políticos de Puerto Deseado, y a un pueblo que “bancó” la jugada frente a un poder disperso que nunca se hizo visible.
Ayer y hoy para pensar entre el capital y la fuerza trabajadora
La relación SOMU y Agrupación de Marineros Santacruceños ha mejorado mucho desde aquel día, pero la confianza entre representantes de empresas y el pueblo pesquero se definieron como “rotas” y de difícil retorno hasta hoy. Las fuentes de trabajo de los empleados en tierra fueron duramente castigadas y la sensación que las plantas son una “quimera” continúan generando dudas de cómo se justifica el procesamiento en tierra; los marineros siguieron y siguen luchando desde sus sindicatos para no perecer entre los ciclos de zafras y las retenciones a sus ganancias, y una empresa pesquera perdió en menos de dos años las capacidades de sus trabajadores, a los que se les cambió salario por subsidio. La mejor enseñanza que conecta el pasado con el presente inmediato, es que el conflicto sindical sobrepaso a la clase política y gobernante, canceló candidaturas de líderes locales y permitió aprender que, capital y trabajo van por un lado, y el lugar del Estado si es débil, termina en tragedia dramática.
Por eso, la mejor traducción de lo que sucedió ese día del amigo en Puerto Deseado en el año 2007, nos lo recordó una docente local, a quien al preguntarle quién quemó las pesqueras nos respondió: “Fuenteovejuna”. Esta obra de Lope de Vega, es sin duda el único ejemplo que nos unió en una historia más o menos común de atropellos, e injustica con los españoles de entonces en Puerto Deseado; pero sirve también para explicar un presente, ya no con los españoles, sino con cierto tipo de injusticias con los trabajadores del mar, donde los encomendadores dejaron de ser los gerentes de empresa para quedar representado en interventores y políticos, deberán responder frente a la historia que hicieron con las 350 familias de Vieira en dos años.
“Expropiemos, que tus hijos pagarán los juicios”
Desprestigiados socialmente los españoles locales de las pesqueras, no sería difícil avanzar sobre ellos y sus bienes cada vez que ofrecieran un frente de debilidad. Para ellos, hay encomendadores locales que conocen todas las “tramoyas” de la pesquería, y no les sería difícil justificar una segunda intentona de expropiación de una empresa pesquera (ya estaba el antecedente de Barillari en Caleta Olivia). Por ello, concretar la Ley 3287 que se hizo en nombre del pueblo trabajador para garantizar “…la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz” (Art. 1) resultó casí como quitarle un caramelo a un niño. Transcurrido casi dos años, los empresarios no han desistido de recuperar su empresa privada, mientras que los inexpertos en gerenciar la expropiación, han aumentado su poder económico, político y judicial que les dará protección en el futuro si las cosas no salen bien. Así, las cosas mientras pocos ganan económica y políticamente, se pulverizó la fuerza trabajadora de Vieira y la implementación del desarrollo productivo y la mejor calidad de vida de las 350 familias que quedaron a la deriva. Hoy circulan dineros como subsidios laborales, sin poder garantizar los derechos esenciales como cobertura social y aportes, y ni que hablar del daño a la economía provincial y local.
Que queda por aprender? Y que se debe resolver?
Los representantes empresarios que todavía continúan viviendo o trabajando en Puerto Deseado, viven el “ostracismo terrenal” de una sociedad que los mira con recelo y los deprecia en secreto, no logran una comunicación que les dé mínima confianza con los actores locales. También aprendieron que no pueden confiar ni en los “lenguaraces”, ni en amores porteños transitorios; la clase política local aprendió que siempre serán ganadores económicos en el río revuelto, pero a la larga pueden ser perdedores electorales, pero no de sus fortunas personales, que crecen a la par de la desocupación y la pobreza en la cara visible de los trabajadores.
La pregunta del millón: ¿Cómo destrabará la legislatura este secreto a voces que nos habla de que Vieira S.A. recuperará su planta pesquera y sus bienes?; la legislatura aceptará nuevamente al informante negociador de la expropiación como hombre confiable en la restitución de sus lugares de trabajo a la fuerza trabajadora de tierra y de mar? El lector, se dará cuenta que no hablamos en código, sí hablamos por prudencia, de quienes deber dar un paso al costado y a quienes les conviene más guardar silencio que exponerse al pueblo de Puerto Deseado.
Del Editor – OBSERVADOR CENTRAL
