(Año 1 /Edición Nro. 4 /28 de Julio 2014/Provincia de Santa Cruz)
Ha pasado la celebración mediática que anticipó la disponibilidad de fondos para iniciar la construcción de represas sobre el río Santa Cruz. Los gobiernos locales de El Calafate, Puerto Santa Cruz, y Comandante Luis Piedra Buena han quedado definitivamente en la vidriera de comunidades que serán impactadas por Proyectos de Represas. El Estado Provincial, se prepara para esta nueva actividad económica capitalista, en medio de una crisis de financiamiento y con serios problemas de desarrollo. Los pueblos que serán área de influencia, con excepción de El Calafate que gozan de buena salud en nombre del turismo, padecen entre el subsidio como una práctica cultural y la esperanza de hacerse capitalistas. Nuestra colaboración a este medio digital se ocupará de un aspecto no considerado en Santa Cruz y en nombre de quienes se hacen las promesas de desarrollo: las comunidades y la responsabilidad social del Estado, de las empresas y de los ciudadanos.
La experiencia comparada en materia social
Las grandes obras de represas se han hecho en la historia de la humanidad, en nombre del desarrollo económico y ha quedado demostrado que cuando no hay conflictos abiertos, suele ocurrir un ciclo relativamente corto de circulación de salarios y de adquisición de dinero y riqueza personal por parte de quienes se convierten en proveedores locales. A nivel ambiental, se ha evidenciado que son las ingenierías las que mandan y modelan la naturaleza en distintos soportes materiales y simbólicos, y desde allí se imponen discursos de todo tipo para explicar impactos positivos y negativos para las sociedades. En forma paralela se habla en nombre de los beneficios de las obras para las comunidades, y en nombre de ellas, las ingenierías se imponen, las inversiones pasan, los salarios desaparecen, y las ganancias comienzan a fluir hacia los accionistas externos.
Como contrapartida en el territorio de impacto, la dimensión humana se hace visible mediante la desocupación, la falta de industrias de base, una deficiente educación y discursos políticos que dicen “ahora si le prometo empezar el desarrollo industrial de Santa Cruz”. Este argumento lo he sostenido ante el mundo minero, pesquero, empresarial y político estatal de Santa Cruz, en los cuales acuerdan sobre estos conceptos, pero raramente lo harían público.
Las comunidades entre el subsidio y la responsabilidad social sin concepto
En los pueblos que vivencian impacto de represas, se incuba una cultura del conflicto que se hereda y se vive localmente. Los perfiles sociales toman la forma de jóvenes que abandonan sus estudios para ir a la obra en construcción, los precios locales sufren una repentina inflación y el sobredimensionamiento de necesidades de servicios urbanos de todo tipo se instala como problema de los gobernantes. Cuando las consecuencias se transforman en agenda estatal, comienza la presión hacia las empresas instaladas reclamándoles Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para mitigar los efectos colaterales: las comunidades. Las empresas suelen responder en nombre de la RSE mediante “camisetas” o mediante políticas de sustentabilidad del desarrollo que se hace tempranamente. Esta última opción es casi una utopía, pues en muchos casos las empresas extranjeras mucho declaran, pero poco hacen de manera seria y sostenida. No es una novedad, que reconozcamos a la Responsabilidad Social como un concepto que emerge de las entrañas del capitalismo de fines del Siglo XX, el cual es bastardeado por teorías científicas de la resistencia al capitalismo y por capitalistas empresarios, que escasamente llegarán a entender las necesidades del desarrollo de las comunidades y que por lo tanto su conducta es mentirle a los accionistas y al Estado.
Las Represas en el mundo: Antecedentes para una agenda local
Si bien en las redes virtuales hay infinidad de estudios en pro y en contra de represas, aquí citaremos un primer antecedente para aportar a la reflexión compartida sin trucos. Se trata del Informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR) del año 2000. En este informe presentado públicamente por Nelson Mandela en el 2001 se acordó establecer lineamientos entre los principales actores del mundo involucrados en conflictos por Represas (Organismos Mundiales incluido el Banco Mundial, Estados, Empresas y Movimientos anti represas). Por entonces la Comisión reconoció que las represas habían traído beneficios considerables a la humanidad; sin embargo, en demasiados casos se había pagado un precio muy alto, y a menudo innecesario para asegurar esos beneficios. El documento concluye acerca de la necesidad de desarrollar criterios, lineamientos y normas internacionalmente aceptables para el proceso de toma de decisiones en la planeación, diseño, construcción, monitoreo, operación y desmantelamiento de represas. Entre las múltiples recomendaciones se acordó construir mecanismos de aceptación de las comunidades que pudieran ser demostrados públicamente ante las personas afectadas; se sugirieron mediadas tales como: lograr el consentimiento libre previó a procesos de información, buscar acuerdos negociados abiertamente con la ciudadanía en los procesos de mitigación, reasentamiento y desarrollo. También se consideró la evaluación comprensiva de las opciones que incluyó la necesidad de formular objetivos participativos del desarrollo y la evaluación comprensiva de la necesidad de agua, energía y control de inundaciones y opciones a nivel sectorial. Se sugirió que los aspectos sociales y ambientales reciban la misma importancia que los factores técnicos y económicos, dando prioridad para maximizar la eficiencia de los sistemas existentes, antes de construir nuevos proyectos. Estas y muchas otras recomendaciones quedaron plasmadas en siete prioridades estratégicas y una guía de 26 buenas prácticas que se pueden encontrar en detalle en (En AA.VV. Comisión Mundial de Represas (2000 CMR) “REPRESAS Y DESARROLLO EL REPORTE FINAL DE LA COMISION MUNDIAL DE REPRESAS” (publicado en su versión original en inglés en el Reino Unido y Estados Unidos en el 2000, Traducido por José María Blanch, Ph.D)). Concluido el informe, el Banco Mundial, el Banco asiático, el Banco africano y Noruega se comprometieron a usar las conclusiones de la CMR como “punto de referencia”; China e India rechazaron el informe.
La experiencia regional comparada de Patagonia Austral
La Responsabilidad Social del Estado en materia ambiental, social y económica (los tres pilares de la RS), son tres temas que ciudadanos y gobernantes locales deberán aprender rápidamente a conceptualizar y actuar sin confundir Responsabilidad con donación para “callar”. No deberían dudar los gobiernos locales y el Estado Provincial, que el Estado Nacional, no el gobierno nacional, les ha cedido la responsabilidad de gobernar social, ambiental y económicamente para sus comunidades una obra de alta complejidad. Deben saber ellos, que las ingenieras van a mandar y las comunidades van a reclamar sí o sí que las blinde tempranamente, con políticas de calidad y no con “choripanes, camisetas o unos cuantos proveedores amigos de cualquier intendente de turno”. El antecedente inmediato de los errores de las ingenierías soberbias de todo tipo, y de políticas de gestión social mal orientadas hasta el año 2010, hicieron sucumbir el Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de Represas de Hidroaysén en Chile hace unos pocos meses. Esta experiencia, muy cercana a los intereses que pueden introducir el conflicto económico en Santa Cruz, ha demostrado que cuando la empresa logró construir legitimidad social en las comunidades, sucumbió ante la superficialidad de las ingenieras en los estudios de impacto ambiental e hizo enterrar este proyecto, sin que desaparezca el conflicto en el territorio.
La dimensión ambiental no se debe soslayar
Con seguridad, la dimensión ambiental comenzará a ser registrada en la opinión pública y ambientalistas de distintas extracciones nacionales e internacionales iniciaran su ronda de opinión y de acción. Esto es así pues la construcción de represas no pasan inadvertidas, ni en el mundo académico, ni en los movimientos internacionales ambientales, ni conservacionistas. En un sistema político democrático todas las opiniones son válidas, y hasta necesarias para proteger a las comunidades, cuando los Estados son débiles y de baja calidad, y las empresas juegan al “engaña pichanga”. Son válidas, en la medida que no jueguen a la catástrofe y apuesten al debate que cualifique ciudadanos y gobernantes. En ese sentido, adelantamos que nos referimos a que en democracia los temas ambientales, son altamente sensibles y en mi perspectiva todas aquellas premisas basadas en el conocimiento social y científico, son válidas de discutir siempre que no tengan su origen en premisas falsas y se presenten como conclusiones verdaderas para dividir comunidades.
Colaboración de Mag. Mario Palma Godoy para Observador Central
