El pasado jueves 16 de Octubre, una reunión presidida por el Intendente Municipal Luis Ampuero y el Ministro de la Producción Harold Bark, tuvo como tema de agenda la definición de la situación de la expropiada empresa Vieira, un culebrón que venimos siguiendo en varias ediciones de Observador Central. El nuevo capítulo da cuenta de una escena de la participación popular local que busca comenzar a borrar la historia reciente de quienes protagonizaron un proceso de expropiación que puede culminar en un nuevo revés de juego cero si los tiempos de los papelones políticos no coinciden con los tiempos judiciales.
(Año 1 /Edición Nro. 16 /2o de Octubre de 2015/ Puerto Deseado) El Centro Juvenil Municipal, fue sede de una suerte de “audiencia pública” para definir el destino de la expropiada empresa Vieira. Asistimos así, a la construcción de un nuevo capítulo del tratamiento del destino de los desempleados, a la puja por imponer empresarios, paralelo a la continuidad del desmantelamiento productivo de Puerto Deseado. En el encuentro estuvieron presentes el Consejo Municipal Pesquero, trabajadores de Vieira, Concejales y el mandatario municipal. La ausencia del Diputado Fernández y la Diputada Hernández, quedó justificada por existir durante la semana en la Cámara de Diputados sesión ordinaria. El Ministro Bark transmitiría al auditorio que la única propuesta sustentable es la presentada por Eduardo Vieira y la cual será presentada como única alternativa a la Cámara de Diputados para que acompañe al pedido de nulidad de la Ley de Expropiación. Hasta aquí lo que estamos diciendo es que los autores de la expropiación en nombre del Gobernador, estuvieron ausentes, y el representante del Gobernador –El Ministro de turno- dijo «hay que volver al principio».
ASIAInternacional, defensores de inversores regionales y un Ministro de Estado
En relación a la propuesta de la empresa ASIAInternacional, manifestaría el Ministro, que solo se cuenta con una carta de intensión en donde se le exigen garantías legales que hoy la Provincia por el proceso expropiatorio mismo no puede otorgar. Ciertos sectores mediáticos, denunciarían por esto al Ministro, como negociador directo de Vieira ante la Comunidad. Tema que no es descabellado, con la salvedad que más que de Vieira, el Ministro representa la negociación que su gobernador intenta salvar para su imagen en el contexto provincial, nacional e internacional. Así con la preocupación del Gobierno de Santa Cruz centrada en desandar caminos y no aumentar el número de empleados públicos, la prensa local oscila entre dar a entender que los intereses de la Diputada y otros operadores mediáticos y no mediáticos con intereses en el tema, están en riesgo político; mientras que otras opiniones consideran un gran error del empresario español, que en estos últimos meses no expresara públicamente sus nuevas intenciones de cara a la comunidad. Aquí el riesgo es que los tiempos de la justicia terminen declarando la quiebra de Vieira Argentina y ya no haya vuelta atrás.
Los “times” de la Justicia y los riesgos para la Provincia de Santa Cruz
Lo que nadie ha mencionado aún, ni en la prensa, ni en los voceros oficiales de los distintos sectores en cuestión, es que tras haberse cumplido dos años de la expropiación sobre los activos de Vieira radicados en Puerto Deseado, se estaría a pocos meses de que los tribunales federales competentes declaren la quiebra definitiva de Vieira Argentina S.A., por lo cual el empresario español se vería en una suerte de cuenta regresiva de la cual el destino de su capital estaría en manos nuevamente de la voluntad del ejecutivo provincial y el legislativo.
Menos aún se menciona, las pérdidas económicas que sufrirá la Provincia de Santa Cruz por el juicio que podría iniciar Eduardo Vieira al que se le sumaria el ya iniciado por parte de un número significativo de empleados contra el Estado provincial por el perjuicio económico generado. También se le sumaria el acumulado, de dos años de una gestión dejada en manos de un representante político local, que más bien lo pensó como generador de recursos para financiar al movimiento político, más que para poner a funcionar el proyecto en manos de los trabajadores.
“Aquí no hay dos bandos, aquí hay trabajadores con necesidades de trabajar”
Actualmente un promedio de 130 trabajadores de Vieira son remunerados mediante subsidios, de los cuales el pasado jueves asistieron un promedio de 90 trabajadores, que mediante un compulsa de levanta manos, expresaron en mayoría la “necesidad de volver a trabajar”. “Aquí no hay dos bandos, aquí hay trabajadores con necesidades de trabajar” expresó un joven trabajador de la empresa en crisis. Dicho comentario se realizaría a partir de que existen dos grupos de trabajadores; una parte aquellos, empleados con mayor antigüedad que defienden a Eduardo Vieira y el segundo, conformado por los “punteros y operadores” de la Diputada Selsa Hernández, tratándose este de un grupo de 15 trabajadores, quienes operan en la prensa local con discurso de necesidad de que se cree una empresa de Sociedad del Estado, proyecto planteado por un reconocido asesor legal local que mediante carta abierta al gobernador mostró que el Ministro Bark representaba la traición a compromisos asumidos por el Gobernador con un empresario regional y los Diputados locales dos años antes. El argumento de forma que utilizó el Ministro para descartar la consideración de una posible empresa Sociedad del Estado, es que los empleados pasarían al régimen de empleo público y su tabla salarial no condice actualmente con lo que percibe económicamente por ejemplo un trabajador de la marinería.
Fábrica de la “renta pública”, desmantelamiento de PyMEs y sindicatos rehenes
En relación a Vieira, más de 200 millones de pesos anuales son los que Puerto Deseado dejó de ganar, y esto repercutió obviamente en el aparato industrial representado por pymes locales y comercios. Los sectores gremiales, han sido caballito de batallas de varias autoridades políticas, quienes los utilizan a estos como herramientas para desmantelar paulatinamente una cadena productiva que se gestó por más de tres décadas de desarrollo y, así, mediante un sistema despótico de poder mantener en relación de dependencia en lo público a cientos de trabajadores vinculados a la actividad pesquera y portuaria, mientas tanto el sector de las pequeñas y medianas empresas, y comercios se ven reducidas en su nivel de inversión y generación de empleo privado, con posibilidades en algún momento de bajar sus persianas.
La empresa en cuestión representa para la Comunidad más de 300 puestos de trabajos directos, mientras tanto jóvenes deseadenses son hoy rehenes de un sistema que busca desmantelar el sistema productivo para buscar presos de un régimen político sin precedentes en la historia de Puerto Deseado y de Santa Cruz. Ayer, las pérdidas de campaña de calamar y la reducción de frecuencias de ingresos a puerto de buques trasmodales; hoy, las descargas de insumos para la minería; y así bajo un “régimen compensador” se subvenciona cientos de puestos de trabajo que creen adquirir derechos, cuando solo los convierte en cómplices de un sistema que inhabilita las posibilidades de futuro para los del presente pero también para las futuras generaciones.
Escrito por BLANCA MONTES para OBSERVADOR CENTRAL
