El pasado viernes 7 de noviembre se firmó finalmente en Río Gallegos el Acuerdo entre Ejecutivo Provincial representado por su Ministro de la Producción y la empresa Vieira S.A. que será girado a la Cámara de Diputados de la Provincia para que se trate en la próxima sesión la nulidad de la Ley que motivó la expropiación de los activos de la empresa de capitales españoles radicados en Puerto Deseado. Parecería ser que estaría todo resuelto para el empresario Eduardo Vieira y para el Ejecutivo Provincial en su afán de descomprimir la caja de los subsidios. En esta nueva edición de OBSERVADOR CENTRAL, brindaremos algunos detalles de esta historia que finaliza en el mismo lugar donde todo empezó “en nombre de los trabajadores y la producción”
Allá por septiembre del 2012… Expropiese….
(Año 1 /Edición Nro. 19 /10 de Noviembre 2014/Puerto Deseado) Tras varios meses de conflicto social, el Ejecutivo Provincial mediante Decreto 1737, disponía la intervención transitoria de la Empresa Vieira S.A.; de esta manera mediante Ley Nro. 3287, aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz por amplia mayoría se acompaña la iniciativa del Ejecutivo declarando la Ley que expropiaría los activos de Vieira S.A. radicados en Puerto Deseado, el 5 de septiembre del año 2012. Previo a eso, el escenario local era foto de noticias en distintos medios locales, provinciales e internacionales. Los trabajadores en su desesperación manifestarían a la prensa local su intensión de saquear supermercados ante las respuestas a sus problemas que no llegaban, ni de su empleador, ni del Estado como responsable de la política pesquera. Aquí, el juego de las responsabilidades eran compartidas, quizás algunos mas demonizados y otros pasados como desapercibidos.
El Estado, representado tanto por el Ejecutivo como el Legislativo Provincial, utilizaría como argumento para fundamentar la decisión de expropiar bajo las premisas de “propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz”.
El dinero que se administró desde la caja municipal
Alrededor de 19 millones de pesos circularon por el tesoro municipal, destinados al pago de subsidios a 132 (según lo que expresan las autoridades como número de beneficiarios actuales) trabajadores y fondos asignados para gastos de mantenimiento de las instalaciones. No obstante, y aquí vale realizar una comparación, en la Resolución Nro. 5354/12 de fecha 2 de octubre del 2012 publicada en el boletín oficial, para aquel entonces la cifra de trabajadores asistidos ascendía al número de 25 marineros y 92 operarios de planta, siendo un total de 117 trabajadores. Esta cifra fue la que le tocó administrar al ex Secretario General del Concejo Deliberante de las presidencias de la Concejal Lidia Gallardo, luego convertido en Administrador / Interventor (facultado por Resolución 254/MINPRO/2012)y por último y por Decreto Nro. 1520/13 (de fecha 16 de octubre de 2013) sería designado por el ex Ministro Rafael Gil Martin como Director Provincial de Coordinación del Consejo Federal Pesquero dependiente de la Subsecretaria de Pesca. Lo acompañaría en esta tarea la militante de la actual Diputada Selsa Hernández Elida Villalba, a quien en el mismo decreto, con dependencia directa hacia esta Dirección Provincial se le daría el cargo de Directora de Administración. Cabe destacar, que aún siendo Secretario General del Concejo Deliberante este funcionario paralelamente tenía la tarea de ejercer este rol de Administrador/Interventor.
Para llegar a este número aproximado, y no ser acusados de sensacionalistas, hemos analizado los boletines oficiales del periodo 2012, 2013 y 2014, cualquiera que posea dudas al respecto puede acceder a esta información al sitio oficial de la Municipalidad de Puerto Deseado. Por nuestra parte, seguiremos analizando los balances realizados con las disparidades entre las cifras y faltas de coincidencias mensuales. Sólo para intentar entrar en situación: el año 2013, se registran en enero movimientos alrededor de unos $ 660.000, en agosto $ 1.303.988, y diciembre de $1.988.000. Estos números quizás no dicen mucho, o si, pero lo que si habla y brinda conclusiones por sí misma, es la necesidad de seguir investigando la modalidad con la que se trabajaron estos fondos, pues eran del Estado y de los trabajadores.
Para nuestros lectores y críticos también debe ser importante poner en discusión el mecanismo de llegada de los recursos económicos a los beneficiarios. Y anticipamos que si nos equivocamos alguien lo haga saber para corregir y rectificar. Nuestras fuentes nos indican que la provincia enviaba el dinero al Municipio en concepto de “Aporte no Reintegrable para Déficit”, una de las cuentas utilizadas para este fin es la Nro. 497/2. Una vez acreditados los fondos, desde Secretaria de Hacienda se emitiría un cheque a nombre del interventor/administrador, quien aparentemente cobraría por ventanilla del Banco y procedería a realizar los pagos correspondientes. Se desconoce públicamente la forma en que este funcionario rendiría estos fondos y al respecto intentaremos seguir investigando. De todas maneras, es este el trabajo que le cabe realizar al Tribunal de Cuentas de la Provincia para confirmar la transparencia y legalidad en los usos y aplicaciones en el recurso público. Respecto a este organismo, cabe mencionar un dato. El 26 de abril del año 2013, se llevó a cabo una auditoria, en donde se le solicitaba, en foja 32 y 33, al Municipio que reglamente o emita informe acerca de los mecanismos de rendición para determinar su grado de responsabilidad en esta tarea.
Por Blanca Montes para Observador Central
