Blanca Montes nos brinda su aguda reflexión sobre lo que podría considerarse el día cero de su estadía en Puerto Deseado para el empresario español Eduardo Viera. Éste ha logrado, en su nombre, revertir un proceso judicial y legal de expropiación realizado por la Provincia de Santa Cruz el año 2012. Luego de un bochornoso desempeño empresarial que sirvió de argumento para la expropiación, actuó la política y con ello un culebrón de manejos económicos que hoy son objeto de denuncias de toda naturaleza. El pasado jueves 27 de Noviembre, la legislatura santacruceña mediante el Proyecto de Ley Nro. 525/2014 y por amplia mayoría dio lugar a la declaración de nulidad de la Ley Nro. 3.287 sancionada en Septiembre del año 2012, la cual declaraba la utilidad pública y sujetos a expropiación de los activos de la empresa Vieira Argentina S.A. radicados en Puerto Deseado.
(Año 1 /Edición Nro. 22 /01 de Diciembre 2014/Puerto Deseado) Tras el conflicto social existente durante el invierno del año 2012 en Puerto Deseado, debido a la crisis financiera que alegaba el empresario español Eduardo Vieira, el Estado Provincial ante el rumor de un posible “vaciamiento” de la empresa, mediante la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, declara con fuerza de Ley la utilidad pública y sujetos de expropiación a los bienes de Vieira Argentina S.A. radicados en Puerto Deseado. Es así y de esta manera que a lo largo de estos más de dos años, la provincia asistió mediante un esquema de subsidios a trabajadores de la empresa, en su gran mayoría empleados en tierra. En su intento de alcanzar una empresa gestionada por el Estado, se realizó una alianza estratégica con empresarios de la pesca caletense que permitió durante un período muy breve activar la operatoria en planta, sostener los salarios de los trabajadores y realizar el proceso de pescado que provenía de las capturas de la flota amarilla.
Las promesas en nombre de la “expropiación”
Muchas fueron las promesas realizadas a los operarios previamente a la expropiación y durante el proceso de la misma. Una de ellas fue la posibilidad de que esta empresa alcanzaría su sustentabilidad económica, financiera y productiva, así como también, luego de resolver distintas tramitaciones legales, que los trabajadores podrían autogestionar la misma, bajo la forma jurídica de Sociedad del Estado.
Por otra parte, la Ley de Expropiación Nro. 3.287/12, en su Artículo 3º preveía la conformación de una Comisión Ad Hoc y Ad Honorem que estaría conformada por los trabajadores, organizaciones prestatarias de servicios de la planta, la Municipalidad de Puerto Deseado y el Poder Ejecutivo Provincial como órgano consultor “no vinculante” que trabajaría para el cumplimiento de la presente ley.
Nada de todo esto ocurrió; el rol del Municipio fue el de gestionar el fondo de los subsidios, el rol de los trabajadores esperar un plan que los piense nuevamente como operarios de “su empresa” en el futuro y el de los prestatarios de servicios aguardar los resultados del proceso concursal y soportar la caída de un cliente.
Sin embargo, algunos fueron beneficiados con buenos sueldos por su participación como referentes santacruceños en el Consejo Federal Pesquero, otros becados en Buenos Aires como referentes provinciales de la Ley de Promoción Industrial, mientras que otros utilizaron los recursos del Estado para el financiamiento de campañas políticas en el nombre de la “ayuda social y financiera” para los ex trabajadores de Vieira.
Otra de las promesas fue la realizada por el Gobierno Provincial al empresario caletense de proveerle barcos y plantas para encadenar un sistema pesquero productivo regional; pero éste sólo alcanzaría como resultado la construcción de un perfil en la sociedad de Puerto Deseado de “Ángel y Demonio”. Cabe aclarar también, que nunca se dijo que, previo a la presentación del concurso preventivo, fue este empresario quien brindó un salvataje económico al empresario español como así también lo hizo al Municipio de Puerto Deseado para evitar lo que luego se convertiría en un conflicto social.
Otra de las promesas que no deben ser olvidadas es la del empresario español de resarcir económicamente a sus trabajadores y cumplir sus deudas para con sus proveedores. “Honrar sus deudas” es lo primero que esta Sociedad espera por parte de este empresario.
El saldo de la expropiación…
La expropiación de los activos de Vieira en Puerto Deseado reportó resultados financieros negativos para la provincia; como mencionábamos en la edición 10/11/14 “millones de pesos circularon por las arcas municipales”. Sólo tomando el registro de las publicaciones en los boletines oficiales, más de $ 18 millones de pesos giraron por estas cuentas para la atención del pago de subsidios, en un régimen que se requerirá sea investigado por el Tribunal de Faltas de la Provincia o en su defecto por la propia Cámara de Diputados.
Esto puede visualizarse en la renuncia de un Secretario de Pesca, legitimado oportunamente por el Consejo Municipal Pesquero Portuario de Puerto Deseado, denunciando sucesivos actos de corrupción en torno a la gestión provincial de la expropiación, así como también en la renuncia de un Ministro que en nombre del Gobernador avasalló y quebrantó la figura institucional de su propia Secretaría de Pesca y puso en jaque la gobernabilidad provincial de los recursos pesqueros, provocando el desprestigio internacional, nacional y provincial del régimen democrático e institucional santacruceño y el enfrentamiento de una sociedad agrupada en dos bloques los “Vieira SI” y los “Vieira NO”
Los Acuerdos sobre los que se basa la Ley de Nulidad de Expropiación.
A la Ley recientemente sancionada, se le agrega como Anexos el “Acta Acuerdo firmada entre el Ministerio de la Producción y Vieira Argentina S.A. (07/11/2014)” y la “Autorización judicial para la reactivación de la empresa Vieira S.A. (01/07/2014)”, firmada por el Juez de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 25, Secretaria 50, que lleva adelante el Concurso Preventivo Horacio Robledo.
En relación a los términos del Acuerdo suscripto entre Vieira y el Estado Provincial, destacaremos dos artículos que llaman la atención: uno de ellos es la Cláusula 5º, la cual expresa que la Provincia hará la devolución de los bienes al empresario mediante “acta de entrega notarial con expresa constancia de que se reciben los mismos en el estado en que se encuentran con total CONFORMIDAD NO TENIENDO NADA QUE RECLAMAR VIEIRA ARGENTINA S.A. por ningún concepto en relación a ellos al Estado Provincial”. Por otro lado, en su Cláusula 7º menciona que a Vieira S.A. SE LE OBLIGA a confeccionar un acuerdo junto a los ex trabajadores de la misma, con intervención de la Secretaria de Trabajo. Esta cláusula obliga también a que en dicho acuerdo se hará mención expresa respecto a que los trabajadores de planta y de flota NADA PODRÁN RECLAMAR A LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y/O AL MINISTERIO DE LA PRODUCCION por ningún concepto a consecuencia del proceso expropiatorio. Sin lugar a dudas, y mas allá de las interpretaciones jurídicas de si estas cláusulas tienen o no efecto legal, el Estado Provincial no se responsabilizará por los bienes faltantes de Vieira SA, custodiados por actores locales vinculados a la política, ni tampoco por el lucro cesante y daño económico generado a los trabajadores durante este tiempo en donde el Estado nunca contó con un plan de gestión para poner en marcha una empresa.
La Responsabilidad Social, una meta que debiera alcanzarse con la comunidad
La sociedad deseadense pide Responsabilidad Social a las empresas trasnacionales pesqueras y a las dirigencias políticas, las cuales articuladas entre sí deberían ser las responsables de llevar adelante las estrategias del desarrollo para todos los santacruceños.
Quizás los empresarios deberían entender que a la hora de trabajar con un contrato social validado por sus vecinos, “la comunidad” es la clave para reducir las presiones de quienes ostentan el poder transitorio vía las distintas Secretarias de Estado, y para prevenir la condena social, de la cual en menos de una década dos han sido las consecuencias: la primera, en el año 2007 con la quema de las pesqueras; y, la segunda, en el año 2012 con la expropiación de Vieira Argentina.
Mientras desde el gobierno se exige mayor compromiso social con las empresas petroleras y mineras. Pareciera ser que la industria de la pesca, quien conforma uno de los agregados principales en el Producto Bruto Geográfico, es insignificante; ya que no representa una fuente de recaudación importante para el tesoro provincial, pero si lo es para el desarrollo endógeno de comunidades como Puerto Deseado, Caleta Olivia e incipientemente Puerto San Julián.
Como conclusión de un nuevo capítulo en la historia de la pesca de Puerto Deseado queda nuevamente, al igual que en el año 2007 con la quema de las pesqueras, una comunidad signada y marcada por las grandes estafas de la política vigente.
Llamamos estafa por el simple hecho de utilizar la necesidad de los trabajadores y de las comunidades, y tomarlos como rehenes de un sistema político y económico, que sólo tiende a subordinar y doblegar a toda una Sociedad a los caprichos del régimen imperante. Y aquí, no sólo responsabilizamos al poder ejecutivo provincial, responsabilizamos también a quienes manejan desde detrás de un escritorio en Buenos Aires, en sus oficinas vidriadas, los destinos de crecimiento y desarrollo de una comunidad. Quizás quedará para el empresario Vieira y su equipo de Gerentes actuales y los nuevos que se incorporarán en el futuro, replantearse un nuevo modelo de gestión de empresa para ponerla en el anuario de empresas destacadas, y aprovechar esta “nueva oportunidad” que le brinda la comunidad para pensar en un modelo de industria sustentable que contemple la cuestión ambiental y la inclusión social.
Por BLANCA MONTES para OBSERVADOR CENTRAL
