Año 7 - Edición semanal - ISSN 2422-7226

Política pesquera en la Provincia de Santa Cruz

ISSN 2422-7226

 “Los ejes de lo que se pretende en  política pesquera provincial”

En la última década trabajadores portuarios, “operadores políticos” y los mismísimos empresarios logísticos y pesqueros han encontrado, como fórmula exitosa de sus propios beneficios  el conflicto como política pública.   Durante el gobierno de Daniel Peralta la política subsidiaria para la actividad portuaria determinó que pocos ganaran y muchos perdieran. En la actualidad y la administración de Alicia Kirchner   se dice que los problemas del sector se resolverán generando trabajo, no pagando “subsidios” y no interfiriendo en la actividad empresarial.  

 

(Año 2 / Edición Nro. 79 / 10 de Febrero de 2016 /Puerto Deseado)

¿Década ganada o década perdida? ¿Quiénes ganaron, quienes perdieron en Puerto Deseado?

En el medio de lo que fue nada, en materia de políticas públicas desarrollistas, el conflicto pesquero y portuario de Puerto Deseado puede leerse e interpretarse de varias maneras en función del lugar donde te quieras parar ó del lugar en donde “te conduzcan” a que te pares.

Y hablamos básicamente de Puerto Deseado, porque es aquí en donde se desarrolla la mayor actividad pesquera provincial en términos de operación y de volúmenes exportados; y porque desde la perspectiva del gobierno provincial  es el puerto principal, mientras que Caleta Olivia se presume será un puerto auxiliar.

En relación a estos últimos años se dice que la Provincia no ha podido generar recursos vía recaudación por pagos de permisos de pesca, cánones y otros tributos que se genera por la explotación de recursos pesqueros en aguas de jurisdicción provincial.

Esto por lo que todos ya conocemos, poco se pesca en el Golfo San Jorge, y mucho se concentra en la jurisdicción nacional, lo cual no sólo ha generado una escasa recaudación fiscal, sino que el poder del gobierno provincial se vea reducido ante el sector empresario.

La escasa recaudación estatal se ha utilizado con fines asistencialistas, fundamentalmente para  atender a un solo sector, el de los portuarios, olvidándose por ejemplo de los trabajadores de plantas que procesan fresco que han sido uno de los mayores afectados estos últimos años.

En relación a los sectores de trabajadores portuarios, estos mucho han ganado en poder, por “autogestionar” el trabajo en el puerto gracias al poder de “territorialidad”,  y en economía en los últimos años en comparación a los trabajadores de las plantas, pymes y comerciantes vinculados a la cadena de servicios que genera la actividad pesquera.

Sin embargo, estos trabajadores expresan que han alcanzado “derechos” y que hoy no deben perderse. Por ejemplo, lograr una tarifa plana para la descarga de los buques fresqueros y la generación de un fondo anticrisis.

Los marineros por su parte, manifiestan haber perdido las guardias locales de puerto, algo que habían conseguido y que luego han perdido tras las quemas de las pesqueras en el año 2007.

Por otra parte, los empresarios logísticos alegan que se ha perdido la “seguridad jurídica”, ya que los convenios y reglamentos portuarios se hacen y deshacen a merced de un grupo de trabajadores sin representatividad sindical y la connivencia de la pasada gestión de la Secretaría de Trabajo, afectando esto la posibilidad de que más buques operen en Puerto Deseado; y con una gestión de UNEPOSC muy baja en presencia para ser la autoridad de aplicación portuaria.

Los empresarios pesqueros, han alegado que sus tasas de ganancias se han reducido notablemente, producto de las políticas económicas y cambiarias nacionales que no fueron beneficiosas para el sector, acompañado también por la inestabilidad en los precios internacionales. Pero también, existe una suerte de “pases de factura” por parte de empresas que mantienen importantes números de permisos de pesca de llevar los barcos a operar a otros puertos, cansados de no tener garantías de operatividad local.

Es así, que desde las distintas representaciones de intereses unos se han sentido que han ganado y otros  que han perdido en los últimos años por diferentes motivos, generando distintos niveles de conflictos. A simple vista, lo que se presenta es que la única que no ha ganado y mucho ha perdido desde hace diez años ha sido la Comunidad de Puerto Deseado.

 

Las señales de lo que será la política pesquera provincial de Alicia Kirchner

Ante todos estos problemas el gobierno provincial está intentando allanar el camino para implementar una política pesquera que atienda las situaciones del presente y del futuro.

Por un lado y hasta el momento ha demostrado que la política subsidiaria no es posible en este contexto de gobernabilidad de “vacas flacas”, por lo cual se cree se reverá el mecanismo del “fondo anticrisis” de los trabajadores portuarios.

Por otro lado, la merma de la actividad portuaria y la baja productividad del “fresco” en plantas se pretende atender logrando que mayores buques fresqueros operen en nuestro puerto y avanzando en negociaciones con la Provincia de Chubut para que su excedente lo envíen para el proceso en nuestras plantas.

La bajada de línea política de Alicia ha sido reforzar las relaciones con las trasnacionales de la pesca, para resguardar en principio y luego potenciar la pesca de altura y así incrementar los niveles de operatividad portuaria y de productividad en plantas de procesos.

A todo esto, se le estaría sumando la posibilidad de aprovechar el litoral marítimo provincial para el desarrollo de la maricultura y nuestros lagos para potenciar la acuicultura, como esquema para diversificar productivamente la actividad pesquera. Y esta idea surge por la experiencia de los últimos años en donde las capturas en su gran mayoría fueron provenientes de los recursos pesqueros de la jurisdicción nacional.

Ahora bien, en relación a las herramientas que se necesitan en el presente para ir dando respuestas a todos los sectores poco se sabe.  Hasta el momento se desconoce cuál será el rol de la Secretaria de Trabajo como mediador en los conflictos laborales entre sectores empresarios y de trabajadores para garantizar de un lado y de otro “seguridad jurídica” y “fuentes de empleo” en función de los Acuerdos y Convenios Colectivos existentes.

Y en relación a la intervención de la UNEPOSC, tampoco se ha puesto de manifiesto aún cuál será la política que se impulsará para mediar entre intereses que signifiquen alcanzar competitividad portuaria.

Pero hay algo que ha dejado en claro la Gobernadora en lo que va en estos casi dos meses de gestión al sector pesquero y portuario y es que “los conflictos se tienen que terminar generando trabajo y no pagando subsidios para que en el juego ganen todos, y pierdan los inescrupulosos que hicieron del conflicto un gran negocio para unos pocos contados con los dedos”.

 

Por BLANCA MONTES

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