(Año 2/ Edición Nro. 68/ 19 de Octubre de 2015/Caleta Olivia). Caleta Olivia logrará, un poco tarde, una actualización histórica de reivindicación del derecho humano al agua potable. Reivindicación que viene de dos promesas de construcción de sistemas de transportes a partir del aprovechamiento racional de fuentes de agua disponibles en su área de influencia (Lago Buenos Aires y/o Codo del Río Senguer).
Ni el proyecto “ACUA” que propone Eduardo Costa, Ni el Proyecto “Agua y Desarrollo. Acueducto Norte Santacruceño” que propone la Dra. Alicia Kirchner, tendrán excusas en el 2020 para justificar por qué razones no serían ejecutadas las obras que ahora se usan como banderas de campaña.
Ambos proyectos han sido, apenas enunciados y esbozados. ACUA con mayor marketing explicativo, muestra un Plan a corto plazo, acotado a ámbitos geográficos claves desde Las Heras a Puerto Deseado. Mientras que el Proyecto “Agua y Desarrollo. Acueducto Norte Santacruceño” resulta más integral, sub regionalizada por agrupación de comunidades y con impacto final para el 2020. Ambas iniciativas reconocen metodologías de ingenierías similares (en ciertos aspectos) y reconocen antecedentes comunes, citados o no.
No quiero soslayar el errático papel en la opinión pública de cierta izquierda conservadora. Errática por no asumir de manera más inteligente, que entre ambos proyectos también están acumulados sus saberes que han buscado hacer conocer en 2014 en el propio Congreso Nacional. Hoy se han limitado a indicar aspectos que hay que tener en cuenta, tales como Comités de Cuencas Binacional e Interjurisdiccionales a la hora de ejecutar obras de esta envergadura. Basar –en campaña- con exclusividad su punto de vista electoral reclamando por conceptos como Comité de Cuencas compartidas, y luego la batería de por “porque no lo hicieron en 30 años etc. etc.” ¿Les suma ante la sociedad?
Con todo, a destiempo, la sociedad pareciera ganar hoy, al menos en su imaginario popular que tendrá agua a granel. ¿Es tan así?; ¿Asumimos donde estamos parados?. Ganar hoy puede estar incubando volver a perder mañana y en este punto quisiera detenerme. Mañana, ya no deberían existir responsables externos de problemas de distribución urbana, de concretarse uno de ambos proyectos luego de la contienda electoral. A destiempo, los sistemas de provisión por transportes (Acueductos) podrían comenzar a garantizar que los niveles de caudales y de presión de ingreso de agua potable a la ciudad puedan quedaran garantizados a mediano plazo.
Ahora es el turno de los actores locales. Es decir de la sociedad o comunidad organizada en sus diversas partes involucradas directa e indirectamente en el agua potable. La mejora de calidad de distribución en la ciudad mediante redes internas, deberán conformar otro Plan Global que hoy no existe visiblemente, ni ha sido visualizado en las agendas de los candidatos a Intendentes de las distintas extracciones partidarias.
Sociológicamente debemos evitar hoy, que cuando este la disponibilidad de entrada a la ciudad, nos encuentre en conflicto el 2020 por crisis de “derroche”, por “filtraciones” por obras internas de baja calidad, por expansión irracional de mercados de aguateros, por expansión urbana no prevista, etc. Es ahora cuando la memoria histórica tiene que NO OLVIDAR lo mejor de la experiencia de movilización social del 2014 y de las ONG que han intentado defender los derechos de los vecinos, cuando el Estado Provincial y Municipal hacía “aguas” por todos lados.
Es necesario avanzar en un debate cualificado de organización comunitaria en la toma de decisión desde la ciudad. Debate que no quede liberado con exclusividad a servicios públicos o autoridades locales o al asesoramiento nacional de ENHOSA. Es necesario organizar el dialogo social en torno a conocer, desde fundamentos técnicos, no mediáticos, acerca del estado de situación de las redes urbanas, los usos sociales, económicos y los comerciales que se hacen del agua potable. Y fundamentalmente -es ahora- el tiempo de comenzar a imaginar modelos de manejos ambientales sustentables para preservación ciudadana de fuentes de provisión (sistemas de transportes actuales y a construir) y de recuperación de agua potable utilizada en la ciudad.
Es necesario dejar de difundir y comunicar: que el agua es un recurso escaso; la población debe saber y asumir que agua siempre hay, y que cuando no hay, es resultado de problemas de gestión y Gobernanza colectiva. Es un problema de falta de una gestión integral responsable, transparente y confiable. NO es un Problema de la actual Sociedad del Estado.
¿Cómo se puede trabajar desde el ámbito local? Para empezar las gestiones municipales, deben abandonar definitivamente su teoría justificatoria de que el agua potable es problema de “otros” (Servicios Públicos, ENHOSA, etc.) este déficit de concepto de la gestión social urbana, explica límites intelectuales, más no la realidad acerca de cómo se gobiernan las ciudades sustentables y saludables en el mundo actual. Renunciar a involucrarse en el agua potable como eje de una política pública es el primer eslabón de pérdida de soberanía territorial.
Sugerimos no politizar indiscriminadamente los proyectos estructurales de transportes que se están discutiendo (acueductos). No politizar, no significa no criticarlos, no interpelarlos en sus niveles explicativos que deberán mejorar rápida y sustancialmente. Por ello, creemos altamente necesario crear un COMITÉ CIUDADANO DE GESTION SOCIAL DEL AGUA. Comité, que no es una Comisión de carácter consultivo, es de toma de decisión y de responsabilidades a asumir. Debe ser vinculante a parte de los roles propios que hoy cumple Servicios Públicos, pero eximiéndose de entrada de la responsabilidad técnica de DISTRIBUCION DEL RECURSO DE AGUA POTABLE. Lo mismo que del rol de instituciones de Recursos Hídricos Provinciales, y entes nacionales cuyas funciones técnicas específicas deben ser conocidas, divulgadas, protegidas, promovidas y fortalecidas.
Un Comité Ciudadano debería nacer del germen de las organizaciones sociales de base que, politizadas o no, mantuvieron la bandera de representación ciudadana en defensa del agua pública en Caleta Olivia. El Agua potable de la ciudad debe ser una cuestión de gestión pública desde lo local. Un Comité debe tomar decisiones concernientes a la ciudadanía a partir de información técnica transparente y confiable. Un Comité debe institucionalizare como poder local ético indiscutible desde el punto de vista organizacional, administrativo financiero, planeamiento participativo y de inversión sustentable para hacer valer el derecho humano del agua potable dentro de la ciudad.
De acuerdo a la experiencia comparada mundial, varios criterios anticipados pueden servir para orientar un debate productivo. Primero, hay que reconocer que los proyectos estructurales han dado un paso inicial explicativo de formas de llegar a una situación objetivo concreta: Disponer de agua. Estos Proyectos, deben ser monitoreados, mejorados, exigidos en sus adecuaciones de ingeniería a presupuestos nacionales y/ provinciales, evaluar la forma de participación del privado; más no retroceder a una situación de parálisis que los politice inútilmente pasado el proceso electoral.
En segundo lugar la Comunicación social de los medios de opinión debería cualificarse para poder interpretar ante la ciudadanía las diversas voces que hablan del agua. Los medios deben aprender a diferenciar cuando se habla del sentido común vivido, desde intencionalidades políticas y desde niveles de responsabilidades políticas y políticas técnicas. Un Comité que se empoderé para poder tomar decisiones debería velar por tales distinciones para no quedar atrapado en la reproducción de la forma de entender hoy el problema de agua como una “bolsa de gatos” donde el conocimiento experto está ausente y su lugar lo ocupa cualquier personaje mediático.
En tercer término en la agenda de un Comité se debe diferenciar entre lo que puede ser una necesidad sentida colectiva y una necesidad de racionalidad equitativa para la totalidad de la ciudadanía. Ejemplo. Hoy se ha puesto de moda “culpar”, “culpar”. Especialmente culpar del derroche de agua potable que hace el vecino. La otra culpabilidad sentida es cargar sobre la “mala” distribución que hace Servicios Públicos.
Ambos mitos son necesarios desenredarlos, derribarlos. Comencemos por el “derroche”. Se sugiere quien “derroche que pague”; que se les implante “medidores”. “el agua hay que cobrarla” dicen los profetas que culpan al que derrocha. En este pensamiento lineal se silencian las causas culturales del derroche y omite preguntarse ¿Quién y por qué derrocha? Nosotros nos preguntamos: ¿Las pérdidas por filtraciones por inexistencia de mantenimiento no son derroche?; el agua potable que se escurre diariamente de servicios industriales y lavadores comerciales ¿Recuperan el agua potable?
Consideramos que un Comité Ciudadano (integrado por los entes oficiales y ciudadanos, Organizaciones de defensa del agua, conociendo y Planificando) debería considerar distintos tipos de usos básicos que se hacen del agua potable que ingresan por el sistema público y se redistribuyen por las redes urbanas y que hoy NO SE PAGAN. Pues cuando EL AGUA POTABLE ingresa a las bocas de distribución de las redes urbanas, estas comienzan a tener distintos usos sociales (domiciliarios), económicos y económicos de comercialización.
Ahora sí hablar de medir y tarifar comienza a tener un sentido de alcance más equitativo, universal sobre el concepto de usuarios del servicio y no queda focalizada en los vecinos que derrochan. Ahora sí este impacto es puesto en la mesa junto al impacto de utilización que realiza por ejemplo un lavadero con fines comerciales y un aguatero que lucra cuando hay crisis hídrica.
Evitar focalizar en el vecino que por ejemplo, seguirá sin tener servicios básicos hasta que no haya un planeamiento urbano de calidad, sólo introduciría mayor desigualdad social y cultural, que sumaría a la que ya tenemos acumulada, producto de la falta de gestión urbana.
Ahora el sentido de medición cambia en su filosofía de una política pública ciudadana sustentada en la igualdad; comienza a ser más integral la mirada, introduce fundamentalmente el principio de distinguir para actuar. Así presentado el problema, tal vez los vecinos de los distintos sectores sociales, podrían aceptar participar en corto mediano plazo de experiencias pilotos de medición domiciliaria que acepte y se predisponga a conocer cuánta presión domiciliaria dispone?; cuánta agua potable almacena? Cuanta gasta realmente? Así dicho, la cuestión de la medición no sería sólo para el vecino que usa agua potable, sino para todos los usuarios urbanos de agua potable, incluido los que la usan con fines económicos y fines de comercialización. Recién allí deberíamos hablar de tarifarias.
En cuarto término Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Con independencia de su gestión provincial actual, la Empresa “Sociedad del El Estado” es heredera de una tradición de conocimientos que se han transferido de nación a Provincia desde los 70’. Su gradual desmantelamiento técnico y de calidad de gestión a partir de los 90’ no es casual. El desguace de SPSE al igual que las instituciones de gestión hídricas de Provincia, también forma parte visible del rostro local que asumió el neoliberalismo privatizador.
Desmantelamiento, y desguace asociado a desfinanciamiento, permite construir como hecho social y cultural visible que las dudas de la calidad del agua que estamos tomando por la red urbana, sea remplazada por la confianza en los botellones comercializados en cada hogar. Así las cosas, es posible entender mejor, quién gana y quien pierde ante el exitoso fracaso de los sistemas de transportes actuales.
Hoy SPSE, está sobredimensionado en sus funciones específicas. Sin capacidad financiera, organizativa y de planificación para invertir ha dejado de ser autosustentable. No tiene capacidad operativa ni de recaudación, SPSE se ha transformado en una bolsa de trabajo con creciente pérdida de cualificación en sus recursos humanos. En medio de su tormenta interna, debe fundamentalmente GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE. Nos preguntamos entonces ¿Qué calidad de servicios puede garantizar con eficiencia y calidad que demandamos ciudadanos que ni siquiera pagamos por saneamiento?; ¿Somos conscientes como ciudadanos que sólo mensualmente SPSE debe pagar MILLONES a un Proveedor externo (Cooperativa de Comodoro) para mantener el sistema de transporte del Acueducto? ¿El personal vive del aire?; el equipamiento ¿Lo repone Dios?
En quinto término. Un Comité Ciudadano junto con no poder eximirse de ser responsable de un Programa participativo de concientización y Educación ciudadana sobre el agua potable, debe primariamente concientizar de manera sostenida y no mediante campañas espasmódicas. Debe esgrimir su filosofía, sus atribuciones, su función social y las metas sociales a trabajar con los ciudadanos y sus públicos internos involucrados.
Finalmente un Comité no puede estar vacío de ideología y concepto teórico sobre el agua potable como derecho de las personas. Hoy en el mundo se imponen teorías y experiencias prácticas que sustentan nuestros argumentos anteriores. Coexisten enfoques alternativos y complementarios. Nosotros asumimos que el agua es un bien común de la humanidad y no debe ser jamás en la Patagonia instituida como un bien de mercado a intercambiar por carecer de actores internos empoderados.
La filosofía con énfasis en el mercado, es funcional a nuevos fenómenos de privatización, y tiende a no apoyar el fortalecimiento de los sistemas de transportes públicos como los que hoy están en discusión en Santa Cruz Norte. Privatizar significa ´popularizar´ que el agua es un recurso finito y escaso, por ello debe ser “bien administrado” y para ello se necesita “venderla”. La botellita de agua que compramos es un indicador fino, del tentáculo que proclaman las tres o cuatros grandes transnacionales del mundo del agua potable que con seguridad tienen puestos los ojos en Patagonia. Transnacionales que celebrarían en off que los sistemas de acueductos colapsen y las sociedades conflictuen hasta que aparezcan los apoderados “nacionales” con los financiamientos para garantizar el éxito de concesiones de cualquiera de las dos propuestas estructurales que hoy se ponen a disposición de la sociedad para ganar elecciones.
Las Naciones Unidas han debido conciliar entre reconocer el principio de derecho común de la humanidad de acceso al agua potable, junto con institucionalizar la representación de los grandes intereses corporativos transnacionales. La declaratoria ha sido coincidente con la imposición teórica mundial del Paradigma GIRH (Gestión Integral de Recursos Hídricos) que asume la filosofía de la economía neoliberal que sigue viva y coleando. Pero en este escenario también hay intersticios, espacios para el control ciudadano inteligente. Es decir para lo local. ¿Estamos en condiciones de empoderarnos desde Caleta Olivia o zona Norte?
El agua no es sólo un problema de financiamiento, de ingeniería, de distribución, o de necesidad social, es por sobre todo un problema de gestión política territorial. Cuando las sociedades logran elaborar los problemas de su tiempo histórico, podrán avanzar, de lo contrario seguirán en las próximas elecciones preguntándose ¿Por qué tenemos crisis hídrica en la ciudad?, sí así ocurriera, tal vez tengan razón hoy -en sus quejas y reclamos- quienes seguirán aportando a la agenda de la propuesta sin conocimiento calificado.
Por Magister Mario Palma Godoy[*]
Director del Instituto de Economía Trabajo Y Territorio (ITET) UNPA-UACO
[*] Si bien el autor es exclusivo responsable de los pensamientos no técnicos vertidos en este ensayo. Quiero agradecer a quienes me han enseñado a dejar de mirar el agua potable como un tema exclusivo de hidrogeología, de ingeniería o de “culpables”. Agradezco especialmente a mi maestro Leopoldo Bartolomé (QEPD); a mi maestro regional Carlos Ferrari y amigo Armando Lehmann del Instituto de Energía Provincial y al actual Jefe de Servicios públicos local CPN Claudio Pagano.
