(Año 2 / Edición Nro. 69 / 02 de Noviembre de 2015 / Puerto Deseado)
¿Fábrica del subsidio ó Estado de bienestar?
En cuatro años de gestión municipal se distribuyeron más de $ 36 millones en subsidios para atender, según el discurso político, situaciones de crisis social y económica. Fondos que se erogaron del tesoro provincial mayormente y en algunas ocasiones del municipal.
Pero esta coyuntura cabe aclarar se ha dado producto de los efectos de los mercados internacionales y su poder de concentración económica y financiera en manos de unos pocos que manejan el negocio mundial y que han puesto en jaque a importantes empresas industriales trasnacionales y nacionales por estar los precios internacionales de los productos del mar en niveles muy bajos.
Por otra parte, situaciones de competitividad regional que producen que existan asimetrías económicas entre unos puertos y otros y el poder de monopolio de grandes empresas de transporte marítimo internacional que manejan los puertos con complicidad de actores gubernamentales pusieron en desventaja a uno de los principales motores de la economía: el puerto local.
Las cuestiones vinculadas a la biología del recurso también han hecho lo propio, para que esto y lo anteriormente expuesto, ponga a la economía de Puerto Deseado en una situación de alerta, y de desventaja.
Todo esto, y otros fenómenos vinculados al contexto económico nacional, llevaron a impulsar desde el Estado provincial medidas proteccionistas basadas en subsidios a sectores asalariados pero también a empresarios pesqueros extranjeros y argentinos y emprendedores locales vinculados a la operatoria de transportes.
Es así que más de $12 millones fue lo que se distribuyó en subsidios a distintos sectores vinculados a la actividad pesquera y portuaria, más de $ 20 millones costó al tesoro provincial la experiencia fallida de expropiación de la empresa Vieira S.A., más de $ 1,5 millón le costó a la comunidad la mala o irresponsable gestión del empresario Alfredo Pott propietario de la empresa Santa Elena.
Pero, estas herramientas que estuvieron vigentes en este modelo de Estado, ¿resolvieron algún problema estructural social y económico? ¿Qué sucederá si al que le toque gobernar Santa Cruz o el Municipio local se encuentra con una billetera flaca? ¿Cómo se abordará la crisis con más crisis?
Y ¿Quién pensó en la Sociedad en su conjunto?
El discurso de la inclusión de los jóvenes: los rehenes de la fábrica
Mientras tanto, dado los bajos niveles económicos que no alientan ni a la inversión y por ende a la generación de empleo privado, y como todo proceso que no se conduce, no se lidera o al menos y en principio no se planifica estratégicamente, son las generaciones de jóvenes, que quedan rehenes de un sistema en donde la esperanza del trabajo, los conduce a esperar largas horas en el pasillo del Municipio para que el intendente los reciba en su despacho con la ilusión de obtener un empleo o un plan social.
Como salida a la problemática del desempleo el Municipio en la gestión del actual intendente creó por ordenanza un programa denominado “Programa Laboral y Educativo” que pretende resolver los problemas de inserción laboral de los jóvenes deseandenses al mundo del trabajo, en donde el fenómeno del desempleo se aborda como un problema de falta de cualificación más que por ser un problema estructural de la economía local.
Para este programa social de empleo se destinaron más de $ 3 millones, para ser distribuido en un promedio de 70 jóvenes con retribuciones económicas que no alcanzaron más de los $ 3700 per cápita mensuales. Fuentes calificadas del Municipio comentan que no se evidencian en la gestión resultados de éxito que avalen que este programa pudo cumplir su cometido.
Enredados en el mercado
En el diagnóstico que podemos inferir de nuestra Comunidad no basta más que decir que estamos en presencia de una crisis de vínculos comunitarios y de solidaridad, entre empresas y sindicatos, entre Estado y empresas, entre sindicatos y Comunidad y todas las fórmulas posibles que podamos combinar.
Más que subsidios es necesario recuperar la capacidad del Estado, para que genere oportunidades para “todos” y sea este capaz de moderar las fallas del mercado.
Que la tarea del Estado provincial y municipal no se reduzca en sí mismo al subsidio, sino que su objetivo inmediato sea la reconstrucción de la relación social entre capital – trabajadores – comunidad.
En definitiva, tanto empresarios industriales, Estados y Comunidades estamos enredados en los juegos de un mercado internacional cada vez más especulador. De un lado las culpas de los empresarios extranjeros las trasladan al Estado nacional por no revisar las políticas económicas y fiscales; los sindicatos a las empresas por no mejorar las condiciones de bienestar económico a los trabajadores, los gobiernos comunales denuncian a las empresas de ser responsables del quebrantamiento de la paz social… ¿Y quién de todos estos actores cuestiona a aquellas burguesías supranacionales que en definitiva son los que manejan el tablero de control y que definen el bienestar de cada uno de nosotros? Estas empresas tienen nombren e identidad ¿Por qué aún el juicio y condena social no se carga sobre ellas si en definitiva son las que llevan las crisis a este y el otro lado del mapa?
Por BLANCA MONTES
