La ausencia de planificación concertada a tiempo nos invita a conocer un nuevo capítulo de conflicto en el desarrollo de Puerto Deseado. No se trata de buscar culpables de turno, sino de comprender como se llega a una situación en la que el problema de transporte urbano se transforma en una “torre de Babel” en la que todos hablan distintos idiomas y el perjudicado puede terminar siendo el ciudadano.
Ante una realidad en la que el crecimiento urbano y el deterioro del poder adquisitivo justifican la necesidad de instalar un servicio de transporte urbano de pasajeros, presentaremos el problema en la perspectiva de los distintos actores involucrados.
(Año 1 /Edición Nro. 24 /15 de Diciembre 2014/Puerto Deseado)
Claves para una política pública de transporte
El servicio de transporte urbano es una demanda real de la ciudadanía cuando aumenta la población y las actividades de todo tipo. La demanda se transforma en un problema de gestión de las autoridades cuando no es atendida a tiempo y planificada racionalmente. ¿Pero qué sucede cuando se intenta improvisar, y además las posibilidades de pagar taxis o remises se alejan del bolsillo del ciudadano? El censo poblacional del 2010 indicaba que la población había crecido entre el 2001 – 2010 en un 38,5% llevando a conformar una ciudad con unos 14.183 habitantes para aquel entonces y proyectándose hacia el 2014 unos 16.226 habitantes ¿Quiénes planificaron para abordar estos datos visibles para todos los ciudadanos?
Esperamos hasta el año 2014 para ver circular en las oficinas del Municipio un proyecto privado impulsado por los “Hermanos Ayala”, en el que se expresa la intención de prestar el servicio público de transporte en la comunidad. La idea se fundamenta en razones ciertas: directivos de escuelas expresan que este servicio contribuiría a disminuir la tasa de ausentismo escolar de aquellos educandos que residen en la periferia urbana y el crecimiento poblacional justifica su punto de vista.
El objeto social está por demás justificado, sin embargo pareciera que hay otras cuestiones que se están pasando por alto: el cumplimiento de la legislación nacional y local en cuanto a regulación de servicios de transporte público, el espíritu de la licitación pública, las funciones y misiones de los distintas reparticiones dentro del Municipio, la correcta prestación de un servicio público, la seguridad de los futuros usuarios del servicio, y el cumplimiento de las reglas de competencia leal entre los distintos segmentos de prestación de este servicio tales como los taxis y remises.
Los involucrados directos en el proyecto de transporte urbano
Arnaldo y Daniel Ayala son hermanos y socios en el proyecto del servicio de línea urbana de transporte público de pasajeros.
Mediante nota en septiembre de este año manifestaron al Municipio su interés en ser prestatarios de este servicio. En virtud de esta propuesta, la iniciativa toma interés por parte del Estado Municipal y comienza a darse continuidad a la gestión del trámite que permite iniciar la prestación del servicio. De esta manera, se otorga desde la Secretaría de Gobierno la respectiva habilitación comercial, lo que no significa según las autoridades, que la línea esté habilitada aún para operar, sólo se dio de alta a la actividad comercial.
El 11 de noviembre llegó al Concejo Deliberante un expediente conteniendo un proyecto de ordenanza, en donde se solicitó desde el Ejecutivo Municipal que se autorice a éste a concesionar en forma directa a los emprendedores el servicio de línea de transporte público de pasajeros. Atento a lo que establece la ordenanza municipal Nro. 482/87, se autorice, asimismo, a que el Municipio otorgue esta concesión, pautando plazo de la misma, determinación del recorrido, frecuencias, tarifas y modalidad que asegure la prestación de un servicio eficiente. Y se considere a esa nueva ordenanza como la norma que exceptúa la obligatoriedad del llamado a licitación pública o privada para el otorgamiento de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros.
En lo que respecta al futuro, de aprobarse en este contexto el proyecto de ordenanza elevado desde la Intendencia y formulado desde la Secretaria de Coordinación General, será la Dirección de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaria de Gobierno, quien habilite la unidad de transporte para operar atento a la legislación nacional y local a efectos de garantizar la eficiencia en el servicio, su cumplimiento y las normas de seguridad.
Lo que llama la atención en el proceso llevado adelante por parte del Municipio, es el bajo nivel de intervención que se le ha dado a la Secretaria de Gobierno en la evaluación del proyecto formulado por los Ayala y la formulación del proyecto de ordenanza, considerando que es y será el área que otorgue las habilitaciones respectivas.
Todo este proceso de gestión de expediente y de evaluación del proyecto se ha llevado adelante por el Secretario Coordinador Oscar Rain, siendo una de las competencias de esta Secretaría la de velar por la “legalidad” de los actos y asuntos públicos. De esta manera se le planteará al Secretario de Gobierno Juvenal Díaz en el futuro cercano, la disyuntiva al tomar una decisión en la que deberá optar por continuar la decisión política de su Secretario Coordinador y/o ajustarse a derecho y así evitarse en el futuro posibles acciones legales ante alguna situación que exponga la integridad física de los pasajeros.
Satisfacer el objeto social de unos y vulnerar el derecho de todo un sector
En el proyecto de servicio de los Hermanos Ayala y el proyecto de ordenanza formulado desde la Secretaria de Coordinación General, se menciona que el servicio iniciará con una unidad modelo ´99, lo cual viola las ordenanzas vigentes en materia de transporte público y la propia legislación nacional, en donde en ambos casos la antigüedad del rodado debe ser inferior a los 10 años. Por este motivo, transportistas escolares, taxistas y remiseros han elevado su reclamo al Municipio y al Concejo solicitando igualdad de tratamiento y competencia leal ante la posibilidad de exonerar a los Ayala del principio normativo que regule la antigüedad del rodado.
Asimismo, tal cual el proyecto original y los considerandos del proyecto de ordenanza la normativa también establece, que se debe garantizar el servicio, por lo cual la pregunta es ¿Cómo los emprendedores garantizarán la continuidad de la prestación con una sola unidad puesta a disposición? ¿Qué sucederá cuando a la misma deba realizársele mantenimiento preventivo o sufra averías? ¿Cómo se dará continuidad al servicio?
En relación al Municipio, ¿Cómo es posible que desde la Secretaria de Coordinación General se avale ante el Concejo Deliberante que se ponga a circular una unidad que no cumple con los requisitos que establece la normativa vigente? Aquí cabe destacar que la legislación busca brindar condiciones de seguridad a los usuarios, garantizar un servicio público eficiente, resguardar al Estado ante la responsabilidad civil. Por otro lado, ¿Por qué no se realiza una licitación pública que convoque a empresas privadas que estén interesadas en poder llevar adelante este servicio de carácter público? ¿Por qué se acude a esta vía de concesionar en forma directa a emprendedores que no ajustan su proyecto a derecho?
Por otro lado, en cuanto al rol del Concejo Deliberante y en especial de su Presidente la señora Alonso. ¿Se aprobará este proyecto de ordenanza, aún sabiendo que transgrede en sus términos a la normativa vigente, inclusive la sancionada desde esa institución en décadas anteriores? ¿Será otras de las iniciativas del Ejecutivo Municipal que deberá acompañar aún sabiendo que infringe las normas?
La demanda de la competencia leal para todos
Los remiseros, taxistas y transportistas escolares han demandado a las autoridades que se otorgue a los posibles empresarios del nuevo servicio de transporte urbano, el mismo tratamiento que reciben ellos, es decir respetar la condición de antigüedad sobre los rodados.
La Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, establece en su normativa, y entre otras, las reglas de vehículos de transporte. Allí se menciona la obligatoriedad de que los prestatarios del servicio público de transporte de pasajeros no podrán utilizar unidades de transporte de una antigüedad mayor a los diez años. Por lo cual, el vehículo afectado al proyecto no se ajusta a los términos de la Ley.
Aquí también cabe considerar que la Ordenanza 3.846/2002 establece que para la prestación del servicio público de pasajeros en el sistema auto remis la misma establece una antigüedad de 10 años para los vehículos que ofrezcan el servicio. Es, en el marco de estas legislaciones que los remiseros, taxistas y transportistas de escolares solicitan se ajusten al derecho para que todos jueguen en el mismo nivel de reglas.
Si es por ajustarse a derecho, aquí también cabe destacar que tampoco está garantizado por parte de los agencieros de taxis y remises la prestación del servicio las 24 horas del día tal como lo expresan las ordenanzas Nro. 1.368/92 y 3.846/02 . Varias han sido las denuncias de vecinos cansados de no encontrar disponibilidad de autos en las agencias y pocas también han sido las respuestas de los órganos municipales de contralor, responsables de garantizar calidad en la prestación de este servicio público.
En consecuencia, nadie dudará que el proyecto de transporte público es una idea bien intencionada y pensada por personas de buena fe, pero con eso no alcanza cuando se trata de una política pública que debe velar por los aspectos de inversión sostenida, normativas técnicas y legislaciones vigentes.
Dentro de este marco se encuentra el Estado que debe coordinar y articular con lo privado para poder brindar a la ciudadanía deseadense un servicio público atento a las nuevas demandas sociales de esta nueva década. ¿Podrá el Ejecutivo Municipal y el poder Legislativo subordinarse a los intereses y necesidades de su comunidad atento a los principios y filosofía del Estado? ¿O será ésta otra de las iniciativas del Estado Municipal que pretende resolver problemas con soluciones parciales e improvisadas para buscar responsables legales en el futuro?
Por BLANCA MONTES para OBSERVADOR CENTRAL
