(Año 1 /Edición Nro. 15 /13 de Octubre de 2014/ Provincia de Santa Cruz) Desde que en la edición del 15 de Septiembre publicamos “10 Tesis Mínimas para Debatir la Educación de Santa Cruz”, hemos convocado a actores relevantes de la Política Educativa de Santa Cruz del pasado y del presente para opinar y cualificar el debate. La Prof. Marisa Oliva ha sido Ministra del Gobierno de Santa Cruz durante la administración del actual Gobernador Daniel Peralta.
Educadora de vocación, graduada como Profesora para la Enseñanza Primaria y para el Nivel inicial ejerció gran parte de su carrera profesional en Río Turbio. Fue profesora concursada en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Turbio, Investigadora, Secretaria Académica y Consejera de Unidad y Consejo Superior de la misma casa de altos estudios. Estando en esta etapa de su vida profesional se transformó, primero en funcionaria de alto rango del Ministerio de Educación hasta alcanzar el cargo de Ministra de Estado e 19 de febrero del 2013 y permaneciendo en él hasta el 11 de diciembre del mismo año. Hoy nos brinda a menos de un año del cese de sus funciones su punto de vista sobre la realidad educativa de Santa Cruz.
¿Cuál es su reflexión frente al documento 10 tesis mínimas para debatir la educación en Santa Cruz? ¿Qué le sugiere?
Respecto de la responsabilidad del Estado, ya lo expresan las Leyes de Educación Nacional y de Educación Provincial acerca de concebir a la educación como “un deber indelegable del Estado”. Esta concepción tiene como ejes considerar que “la educación es un derecho humano” por tanto el reconocimiento de los sujetos como sujetos de “derecho”.
Las leyes de educación expresan las aspiraciones que la sociedad posee acerca de la educación como posibilidad de desarrollo individual y social. Es decir se plantean las metas y objetivos que garanticen, en un marco de inclusión, las oportunidades de construcción de los proyectos de vida a futuro en términos individuales, sociales y colectivos.
Hacer efectivo ese derecho implica necesariamente el deber del Estado y la obligación de otras personas y agentes, sobre todo, de aquellas que conforman las organizaciones y contextos educativos naturales reconocidos como tales en el ámbito social privado y en el ámbito social público. Por ello es sumamente significativo el posicionamiento que adopta, a través de sus acciones, tanto el sector productivo privado, los medios de comunicación, como los sindicatos en general y en especial el sindicato docente, y cada comunidad acerca del valor, significado y sentido que se le da a la educación de los ciudadanos.
Es fundamental enlazar cada etapa de gestión con espíritu autocrítico, construyendo de esa forma políticas educativas como políticas públicas que sostengan fuertemente la relación entre la esfera educativa y la esfera de la producción, la cultura y el trabajo.
Actualmente, aún tenemos el desafío de superar la impronta que sembró la política neoliberal en forma de fragmentación económica y social y debilitamiento del Estado. En términos educativos implica que debemos avanzar en la reconstrucción de un Sistema Educativo Provincial y Nacional que garantice el acceso, la permanencia y el egreso con una formación de calidad, que opere de base para la continuidad de estudios superiores, para la formación para el trabajo y para la participación ciudadana.
Implica también pasar de una cultura de la “educación para algunos” a una “educación para todos” donde, además, se amplían los años de escolaridad obligatoria en los extremos del sistema educativo, abarcando a la Educación Secundaria y el nivel de 4 años de Educación Inicial. Estas medidas y declaraciones no se concretan con el solo hecho de estar expresadas en un marco legal, o sea en leyes, decretos o resoluciones, implica un proceso de construcción social y cultural donde todos tenemos responsabilidades.
En su experiencia personal – de haber tenido responsabilidad histórica en la política pública provincial- ¿podría enunciar aspectos estratégicos y no considerados en el documento de referencia que merezcan ser recuperados y puesto en valor para la educación del presente y del futuro?
La educación debe dejar de considerarse un “servicio” y una preocupación que se atiende coyunturalmente frente a la perdida de clases por alguna razón, para ser considerada un derecho. Esto solo se logra con el sostenimiento de medidas políticas planificadas en tiempos que sobrepasan la gestión de un gobierno o de funcionarios, los procesos de construcción en educación son procesos sociales extensos.
En la provincia de Santa Cruz, aproximadamente en los últimos 10 años, se estuvo desarrollando un proceso participativo de acciones de cambios para la mejora de la educación en relación a, entre otras:
• Propuestas desde la sociedad para la construcción de la Ley de Educación Provincial;
• Propuesta curricular: se definió una nueva caja curricular, mayor cantidad de horas de escolaridad, incremento de carga horaria de áreas básicas (matemática, lengua, física, química, historia, geografía);
• Constitución de equipos institucionales estables a través de los concursos de cargos y hs. cátedras docentes, más de 6000 docentes se titularizaron desde el 2009 al 2013 (después de 20 años);
• Construcción de marcos regulatorios de diferentes niveles educativos;
• Fortalecimiento de los equipos de cada nivel educativo con la creación de cargos específicos relacionados a problemáticas actuales (asistentes pedagógicos; preceptores/auxiliares; equiparación de plantas funcionales de escuelas de adultos.
• Inicio de revisión y determinación de las Orientaciones de la formación en la educación secundaria en diálogo con actores claves en algunas localidades
El esfuerzo constante del Estado santacruceño ha estado ligado a generar posibilidades ciertas de acceso a la educación y escenarios vinculados con el mejoramiento de la calidad de vida y la equidad social y cultural de las personas, con la creación de instituciones educativas en ámbitos rurales y urbanos que garantiza el acceso a los diferentes niveles y modalidades (especial, adultos, técnica) del sistema educativo en un territorio de organización dispersa y además dirigido a sostener el importante incremento de la población escolar anual.
Así también y como respuesta a fortalecer la relación educación y trabajo, no quedó ajena la educación superior dependiente del gobierno provincial, la que evidencia un crecimiento sostenido y diversificación tanto de su matrícula como también de la oferta académica incorporando propuestas de carreras asociadas a la formación técnica y a la vez, implementando trayectos formativos en diferentes localidades del territorio, esta definición genera oportunidades reales de acceso a determinados sectores sociales que de otra manera veían truncadas sus posibilidades.
En el año 2010 se crea el ámbito del Consejo de Fortalecimiento y Planificación de la Educación Superior, con representación de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas de la provincia, que operó como intento de articular y fortalecer los RRHH, dar respuesta a la formación necesaria para sostener un desarrollo productivo definido por el gobierno provincial y asociado fuertemente a la explotación de los recursos naturales como a la concreción de las represas hidroeléctricas enclavadas en la zona centro de la provincia, y su consecuente crecimiento social. De allí surgieron importantes vinculaciones institucionales, por ejemplo, que permitieron articular carreras entre institutos y universidades. Y se realizó la primer Guía del Estudiante de Educación Superior con los aportes técnicos profesionales de la UNPA y los aportes de información de todas las instituciones, la que se difundió en formato digital por no contar con presupuesto para su edición en papel. Este ámbito de articulación quedó planteado en la Ley de Educación Provincial.
¿Cuál es su lectura política de la actual política educativa del Estado de Santa Cruz.
Reitero que una política seria debe considerar el sostenimiento de medidas políticas planificadas en tiempos que sobrepasan la gestión de un gobierno o de funcionarios, los procesos de construcción en educación son procesos sociales extensos.
Las actuales problemáticas sociales que afectan a los niños, adolescentes y jóvenes están presentes todos los días en los ámbitos educativos y es en estos contextos cruzados por la falta de interés frente a las propuesta escolares, por la violencia, y flagelos actuales, que debe desarrollarse la formación de la ciudadanía. Muchos de estos aspectos y problemáticas son las causas de fracaso escolar y abandono. Se debe trabajar para fortalecer en estas temáticas a los equipos institucionales, quienes poseen la responsabilidad diaria de la gestión escolar.
Por ello creo fundamental que se desarrolle un plan de fortalecimiento con características provinciales que recupere por un lado los temas y problemas irrenunciables y urgentes de la agenda educativa en cada uno de los niveles educativos, y por otro a cada uno de los puestos de trabajo y/o funciones a quienes dirigir estas acciones de formación permanente para los agentes educativos. Ello encuadrado en el concepto de formación en servicio y en articulación con las organizaciones sindicales.
Entiendo que está ausente, por lo menos no he registrado algún anuncio por parte de la cartera educativa, lo que yo denomino acciones para atender la deuda interna de la educación en Santa Cruz y que justamente me refiero a generar medidas de Estado planificadas, dirigidas a evitar el abandono y garantizar la reinserción de los ciudadanos al sistema educativo obligatorio. Como uno de los últimos actos como responsable del Consejo Provincial de Educación fue la firma de la Resolución que aprobó el Plan Provincial de Prevención de Abandono y reinserción al sistema educativo Obligatorio, sentando las bases para un trabajo posterior a los efectos de que las acciones que hasta hoy se manifiestan como actos de voluntarismo de algunos grupos docentes y de organizaciones sociales, se conviertan en política de Estado.
Considero que la fragmentación social en nuestra provincia se traduce y expresa en el estado de situación actual de la realidad educativa, evidenciados en que para los diferentes agentes sociales la solución de las problemáticas que han llegado a un punto álgido y donde no se halla respuesta, la misma se busca a través de mecanismos que siempre interrumpen los procesos educativos, por ejemplo los cortes de ruta, reclamar más educación suspendiendo clases, lo que llevó a que la cantidad acumulada de los últimos años sea importante. La que se vio incrementada por las problemáticas edilicias.
Se hace necesario un urgente pacto educativo donde la sociedad en su conjunto, a través de los diferentes sectores sociales acuerde que la educación es esencial como derecho, planteando a nuestros legisladores la necesidad de garantizar el presupuesto necesario para su cumplimiento teniendo en cuenta el estado de situación financiera actual. Todo esto bajo la estricta planificación de quienes poseen la responsabilidad de realizarlo.
Teniendo en cuanta la relación histórica entre actores privados, sistema educativo y comunidad educativa, ¿qué “ideas fuerza” considera podrían ayudar a re pensar una relación que permita no ir detrás de la agenda de los problemas del aparato productivo, sino anticipar las economías del futuro y con una formación que permita una inclusión crítica y transformadora de los sujetos en el mercado de trabajo y en los espacios socio-productivos?
Nuestra provincia posee hoy visibilidad de aspectos centrales desde donde se plantea el desarrollo económico y productivo, social y cultural, con lo cual el esfuerzo debería estar dirigido a incrementar, diseñar y concretar alternativas a corto, mediano y largo plazo, que permitan a nuestros jóvenes y la ciudadanía en general direccionar sus aspiraciones y construir sus proyectos de vida individual y colectivos.
En nuestra provincia, a mi juicio, se plantea la necesidad por ejemplo de un papel más fuerte de parte de los sindicatos de los sectores productivos en términos de organizar verdaderos ámbitos de formación calificada dirigidas a los trabajadores que representan como así también a establecer lazos estratégicos con el estado a fin de que estos espacios estén también dirigidos a formar en saberes específicos a los aspirantes de nuestra región, decisión esta que permitiría dar prioridad y oportunidades laborales a quienes viven en nuestra provincia a la vez que dar cumplimiento y coherencia a otros acuerdos como la normativa laboral 70-30.
En este sentido, un estado fuerte debe, en cada período de gobierno garantizar el funcionamiento de la educación en cuanto sistema considerando la integración e interconexión de los elementos y factores que confluyen en el hecho educativo de calidad.
¿Qué piensa de la relación entre las ofertas de las Universidades con presencia en el territorio de Santa Cruz, las necesidades del aparato productivo y las generaciones que se están formando hoy y que deberán ser responsables de conducir el desarrollo económico, social y político del futuro?
Valoro como altamente positivo el proceso de crecimiento que ha mantenido en nuestra provincia la educación superior y sobre todo el de las universidades. Aún nos encontramos en una etapa donde esa relación no responden totalmente a la demanda del aparato productivo. Considero que la inversión en este ámbito es importante y que debemos pensar en términos regionales la formación de la educación superior, fortaleciendo con albergues estudiantiles, becas y otras medidas que permitan el acceso.
Para finalizar ¿Quedó alguna apreciación personal que quiera destacar o que considere importante?
El carácter irrenunciable que debe adoptar el necesario cambio social y educativo, es el carácter participativo a través del diálogo permanente y estratégico entre las diferentes áreas del Estado; los docentes; la comunidad en su conjunto; los jóvenes; los representantes de capitales privados o estatales, etc.
Considero es fundamental garantizar una inversión sostenida donde no debe ser ajena la Responsabilidad Social Empresaria; el fortalecimiento de la formación de la docencia, los programas que necesarios que garanticen la presencia de la población estudiantil en las escuelas; la infraestructura física y tecnológica escolar; la revisión y ajustes en la actualización de las propuestas de formación de los alumnos; la dotación de medios para el aprendizaje; una gestión eficiente y de calidad cuya prioridad sea restituir el valor social del conocimiento que garantiza el derecho a la educación.
Del Editor, Observador Central
