Entre la renuncia del titular de la cartera de Educación de la Provincia Roberto Borselli, la todavía no designación del nuevo Presidente y la retención de servicios por parte de los docentes afiliados a ADOSAC se advierte un panorama que pareciera repetir en el ciclo lectivo 2017 una situación a la que debemos seguir resignándonos: la regulación del sistema educativo no encuentra liderazgos que resuelvan una crisis que se ha instalado como naturalizada.
(Año 3 / Edición Nro. 86/ 13 de Marzo de 2017 / Provincia de Santa Cruz)
Borselli cumplió dos de los tres períodos frente al Consejo Provincial de Educación. La primera de estas etapas durante la gestión de Peralta y la siguiente con Alicia Kirchner; pero el comienzo del tercer mandato no pudo o no lo dejaron implementar políticas regulatorias con el Sindicato.
El 2016 fue una año complejo y difícil en este ámbito; las constantes medidas de fuerza llevadas a cabo por el gremio de docentes, la promesa de una “paritaria” para el 13 de marzo y el mensaje “no hay dinero para aumentos” aceleraron la decisión con seguridad, la salida de Borselli para alejarse del Consejo Provincial de Educación, limitándose a quedar como asesor ad-honorem y no renunciar a creer en la Educación.
Cabe acotar que los docentes vienen percibiendo sus haberes de manera desdoblada y fuera de término, ante lo que ellos hacen uso de su derecho legal bajo la figura de retención de haberes, con un alto acatamiento en las primeras tres jornadas del inicio del ciclo lectivo. ADOSAC reclama una suma base de $21.500 para un preceptor, pero se rumorea que en la paritaria prevista se ofrecerá un aumento por debajo de la actual canasta básica provincial y se volvería a “juego cero”.
Mención aparte merece la falta de titularización desde el año 2012 lo que genera una inestabilidad laboral, sumado a esto los problemas edilicios y la falta de prestaciones por parte de la Caja de Servicios Sociales que causa graves problema para la cobertura de la salud de los docentes y de los trabajadores de la Administración Pública.
Todo parece indicar que, al igual que su par Vidal de provincia de Buenos Aires, Alicia Kirchner aplicaría descuentos y listados para debilitar la lucha sindical, a cambio ofrece dialogar con los docentes pero con los niños en el aula. En esta encrucijada ya por todos conocidas la educación y los alumnos de Santa Cruz asumen las consecuencias de un problema que los convoca a ser rehenes de la baja calidad de la política implementada por el Sindicato y el Estado.
De hecho, en la Asamblea realizada este viernes 10 en Las Heras, el gremio resolvió: Solicitar urgente una reunión paritaria con la gobernadora y el ministro de economía; determinar 72 horas de paro para los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 en consonancia con lo determinado por CTERA; movilización para el 15 de marzo; la urgente normalización de la Caja de Servicios Sociales y la anulación de la aplicación del Plan Fines.
Frente a este panorama no hay innovación en ninguno de los lados del conflicto. Mientras tanto la privatización del sistema sigue llenando aulas de la colegiatura privada en comunidades que como Caleta Olivia, ve en estas formas de educación privada, una salida de contención para sus hijos más que calidad educativa.
Es verdad que cualificar un debate por salarios y servicios de prestaciones sociales, exige construir un Acuerdo Social que exigiría madurez cívica y sinceramiento de las partes para establecer bases de acción. Estas condiciones hoy no están dadas y un nuevo Presidente no resolverá por arte de magia un problema en que las partes no están dispuesta a ceder o resolver.
Equipo de edición Observador Central.
