“Donde está el Coordinador General de Puertos Escena II”
Una serie de acontecimientos recientes en la localidad portuaria anticipa un nuevo frente de tormenta perfecta. Ahora es el turno de la Asociación del Sindicato Regional de AAEMM, algunas empresas pesqueras transnacionales y la UNEPOSC (Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz). La causa de fondo nos vuelve a la pregunta de nuestra Edición Nro. 38, del 23 de marzo de este año titulado “¿Dónde está el Coordinador General de Puertos de la Provincia de Santa Cruz?”: Ahora es el turno de los Amarradores que reclaman el encuadre sindical y anticipan el fin del desguace de un servicio portuario. Así se escribe el desarrollo de Puerto Deseado y le describimos el problema, los actores y las contradicciones en el seno del Estado Provincial
(Año 1 /Edición Nro. 47 /25 de mayo de 2015 /Puerto Deseado). Sabido es que la actividad laboral de los amarradores es un trabajo que exige normas básicas de seguridad para el amarre de entrada y salida de embarcaciones de todo tipo. Servicio que en Puerto Deseado es requerido por las Agencias Marítimas, las Empresas pesqueras, y los barcos petroleros.
En la actualidad este servicio se ha desarrollado con casi nulo encuadre sindical, siendo que la mano de obra que demanda el amarre y desamarre, es cubierta generalmente por personal de las propias embarcaciones o por personal operativo de las empresas pesqueras transnacionales y nacionales.
Existe también una sola empresa proveedora local dedicada a brindar el servicio, la cual el año 2011 fue constreñida por la Prefectura Naval Argentina a encuadrarse en el rubro amarradores, solicitándole ampliara su objeto social a efectos de ajustarse a los términos exigidos por AFIP.
Esta empresa local debió también adecuarse al encuadre sindical, a consecuencia del crecimiento de la AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante) que viene expandiéndose por todos los puertos patagónicos.
En la República Argentina, no es desconocida la AAEMM. En torno a esta Asociación sindical se aglutina el encuadre laboral de empleados de empresas marítimas, Rederos y Amarradores. Estos últimos reconocen además su encuadre laboral mediante el Convenio Colectivo de trabajo N 243/94.
Curiosamente en pleno año electoral la disposición 053/2015 de la UNESPOSC trae a la vida el expediente N°413.006/ME y OP/1995 (remarcamos del año ´95) que dispone mediante la Coordinación General de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (a cargo de Walter Semenza) habilitar a Prefectura Naval Argentina a certificar a empresas pesqueras que operan en el Puerto de Puerto Deseado a operar como amarradoras.
Lejos de todo ajuste temporal a las normas de AFIP, pero exigida sí, a la única proveedora de servicios de amarres, el año 2011 la Prefectura ejecutaría, con o sin facultad, certificaciones fiscales a empresas Pesqueras por el solo hecho de encontrase dentro del espacio portuario.
En este contexto, la semana pasada una repentina inspección de la Secretaria de Estado de Trabajo (ente Provincial), liderado por Silva, puso en evidencia en la perspectiva de algunas empresas pesqueras que la Delegación Regional de AAEMM alentaba dicha inspección en cumplimiento del Decreto Nro. 243, siendo que este control del Estado fue visto como una embestida contradictoria por las operadoras pesqueras al ser el mismo Estado que habilita y por otra parte, en una suerte de juego paralelo, pretender exigir el cumplimiento del Decreto del Convenio Colectivo Nro. 243.
Diversas son las opiniones de las empresas pesqueras que es donde con mayor resistencia se ha interpuesto ante la ofensiva sindical. Esta que habría buscado mediante la intervención de la visita de la Secretaria de Trabajo hacer respetar el encuadre laboral de los costes de mano de obra mediante la exigencia de los recibos salariales de los amarradores. Las empresas de mayor resistencia, aducen que el costo por amarres estribaría en unos 2 millones de pesos y que serían absorbidos en la actualidad entre sus costos operativos. De la misma manera argumentaron ante su personal que el incremento de costos podría obligarles a retirarse de la zona, y la pérdida de los puestos de trabajo locales. Ante tales declaraciones desde el sector sindical se preguntan dónde está la declaración anual de semejante monto de costos que representaría un blanqueo legal para los trabajadores que realizan estas tareas y que los llevaría a obtener esa cifra como un potencial incremento en los costos de operación. Es decir, el Sindicato no entiende como las empresas justifican ese número.
Entre las empresas pesqueras que resisten las medidas se destaca el liderazgo de Argenova, Arbumasa, Empresur; mientras que la situación de las empresas Pesquera Santa Cruz y Pesquera Deseado se mantienen con la prestadora de servicio de amarradores locales. En relación a Vieira, esta no representa todavía un foco de problema por estar recién en proceso de recuperación de su flota naviera.
En la perspectiva del Sindicato se trataría de actuar bajo el Convenio Colectivo Nro. 243/94 de amarradores y estaría buscando mejorar las condiciones de precarización laboral de quienes realizan estas tareas fuera de encuadre sindical alguno o como funciones extraordinarias a sus tareas no pagas. El sindicato busca alcanzar un mínimo de $650 por movimiento en contra oposición a una variabilidad de situaciones que van desde los $100 y/o como tareas complementarias.
Del escenario de conflicto la Autoridad de Aplicación representada por la UNEPOSC y el representante local de Puerto, Javier Aravena, nada se dice del conflicto precipitado por las propias contradicciones que estaría generando el Estado Provincial, ni que decir que paradójicamente las empresas pesqueras certificadas como amarradoras por Prefectura y la UNEPOSC, no acreditan tampoco estar inscripta en AFIP-DGI, como empresas de amarres en su objeto social, ni en la Inspección General de Justicia, ni dadas de alta en el código de AFIP-DGI.
Por su parte desde la perspectiva de calificados actores locales de Servicios portuarios, se enuncia con simpleza meridiana que la causa del desguace de los empresarios – proveedores es fácil de explicar ante este tipo de situación. Pues, al como sucedió años atrás con los talleres navales, lavaderos, etc. fue el propio Estado Provincial el que permitió y permite que empresas pesqueras transnacionales y nacionales atiendan sus necesidades de servicios, sin la intervención local de empresarios, generando situaciones de competencia desleal.
Las empresas transnacionales involucradas aducen una cuestión de costos y tradición de “aprietes” sindicales; el sindicato el encuadre y los trabajadores de las empresas que realizan la tarea extras -al margen de sus obligaciones- descubrieron que esa es una tarea que no se puede hacer por $100 pesos extras, o ser considerada como parte del resto de las obligaciones de operar pañoles, rederas, etc.
El Estado Provincial, como siempre vuelve a mostrar que más que coordinar puertos genera un río revuelto que nada tiene que ver con el desarrollo local y que sólo vuelve a generar condiciones de tensión entre la comunidad de Puerto Deseado y las empresas transnacionales. Esto ocurre en un momento donde la relación entre empresas y actores claves de la comunidad comenzaba a cristalizarse en posibilidades de sellar el mal recuerdo del 10 de julio del 2007.
De esta manera, lo que logra la UNEPOSC es quedarse con la fama de que el puerto es “tierra de nadie”, y así y con esta premisa que se instala en la boca de sindicatos y empresas, solo hace que el puerto pierda competitividad, se reduzcan posibilidades de obtención de nuevos empleos y que la generación de cadena de valor de la pesca se acote en beneficio de unos pocos que administran el conflicto y los que administran las licencias para poder operar.
En este escenario las empresas deberán evaluar rigurosamente si seguirán el ejemplo de sus pares en cuanto a encuadre sindical? o si trasladarán estos costos a servicios de consultoría legal, apremios sindicales y costos punitivos con lo cual seguirán conduciendo al conflicto para perder a largo plazo.
La delegación de la Asociación Sindical, ajustada a derecho, deberá sin duda cumplir su objeto social y evaluar su estilo y su coordinación local, poniendo como eje la paz social sin abandonar sus reclamos y entendiendo las lógicas cuestiones de costos empresarios y justicia laboral.
Mientras tanto, empresarios transnacionales, sindicatos, proveedores locales de servicios portuarios, seguirán en la búsqueda de un Estado presente y que genere condiciones competitivas, incluida la posibilidad de existencia de más de una empresa de amarres con raigambre local.
Evitar que el puerto se transforme en “zona liberada” y el conflicto social vuelva a enfrentar a Empresarios, Sindicatos y Comunidad Local, exige una cuota de madurez que debe ser aprendida del pasado, mientras seguiremos buscando un Coordinador General de Puertos, que explique si se trata de un Estado o varios Estados.
Por Blanca Montes para Observador Central.
