Consejo Municipal Pesquero asume restituir la seguridad jurídica para inversores y derechos de los trabajadores
Ha comenzado la cuenta regresiva del final de una historia de culebrones y culebras que deja como saldo el desmantelamiento de parte del sistema productivo pesquero de Puerto Deseado. El viernes pasado, mediante un documento clave y con la firma de los integrantes del Consejo Pesquero Municipalidad de Puerto Deseado, se restituye la racionalidad del derecho privado sin costos políticos de relevancia para nadie. Sin embargo, todos saben que se ha cometido un triste precedente institucional ante los ciudadanos e inversores privados en nombre del Estado.
Puerto Deseado, 08/09/2014. Este mes se cumplirán dos años de la expropiación de los activos de VIEIRA S.A. en Puerto Deseado, proyecto que fue impulsado y motivado por legisladores de esta localidad Roberto Fernández y Selsa Hernández. Este año en los primeros días del mes de julio, la firma VIEIRA S.A. presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de nulidad de la Ley Provincial 3287 que motivara la expropiación de sus bienes en Puerto Deseado, argumentando que posee capacidad financiera para la reactivación del ciclo productivo a partir de la firma de un acuerdo comercial con la empresa de capitales argentinos, NEWSAN S.A. Cabe destacar, que este firma argentina se encuentra en ciclo de expansión empresarial a partir de ingresar al negocio pesquero en varias compañías con radicación en la patagonia mediante distintos esquemas de negocios.
Como en las barajas de naipe: Póngale nombre al juego
Desde el receso de la Cámara de Diputados, una ola de operaciones se suscitaron en el ambiente local y provincial, en distintos frentes. Uno de esos juegos es el materializado por el diputado por Pueblo Roberto Fernández. Nuestro Diputado, actual vocero local del Frente para la Victoria y mediador representante del Gobernador Daniel Peralta llevó adelante “un proceso participativo” en el seno del Consejo Municipal Pesquero y Portuario de Puerto Deseado. Aquí se buscó que desde las fuerzas gremiales representadas por los trabajadores se emita una opinión documentada acerca de cómo tendrían que ser las condiciones para que se le “devuelvan” los activos a VIEIRA S.A. Desde la voz de los distintos sectores manifestarían que el Diputado estaría actuando en nombre del Gobernador, para que este pueda decidir en función de los “intereses de Puerto Deseado”. Es así, que el pasado 5 de septiembre, este Consejo emitió un documento que será girado al Gobernador Daniel Peralta en el cual se respalda la solicitud de nulidad de la Ley de expropiación con algunas cláusulas de condiciones a tener en cuenta por el Ejecutivo Provincial como: 1. Continuidad operativa garantizada de los buques radicados en Puerto Deseado; 2. Preservar la categoría y antigüedad de los empleados al momento de la expropiación e indemnización para quienes quieran retirarse (respecto al personal de planta en tierra); y 3. Preservar la antigüedad de los empleados embarcado al momento de la expropiación y toma de persona teniendo como prioridad a los radicados en Puerto Deseado y luego en Santa Cruz (respecto personal embarcado). Para el supuesto que se proceda a tener en cuenta el acuerdo NEWSAN – VIEIRA, considerar: 1. Cancelación de diferencias monetarias entre las sumas percibidas como aporte provincial y los haberes según escalas del sector; y 2. Regularización de los aportes patronales. Respecto al rol de este Consejo, “Chiche Santi”, empresario de servicios de estibajes, manifestaría en medios locales que le ha sido más funcional al Gobierno como “opinologo” que como consultivo ya que hasta el momento nunca se ha podido materializar el verdadero rol del ente en la política pesquera.
En esta misma reunión, la Diputada Provincial Hernández puso en la mesa del Consejo Pesquero Deseadense la necesidad de “darle tiempo al ejecutivo para que encuentre inversores interesados en hacerse cargo de la empresa”, moción que fue rechazada automáticamente por los miembros del Consejo. En relación a esta posición, días atrás en declaraciones en el programa radial “Azúcar, pimienta y sal” la Diputada Hernández expreso: “el gobierno provincial puede llamar a otros inversores interesados en trabajar en Vieira, hay inversionistas interesados en la empresa”. En fin, dentro de la ola de “meas culpas” que se han suscitado a raíz de este bochornoso episodio, la Diputada manifestó que los tiempos de la administración pública a los que fueron sometidos los distintos trámites para poner en funcionamiento la empresa no eran coincidentes con los que demanda operar una empresa; lo cual deja como aprendizaje para la legisladora santacruceña que de hacer funcionar empresas y circuitos productivos no es una cuestión de improvisados gestores a los que ella no ha propuesto. Como todo padre primerizo que no cuenta con un manual de cómo ser padres, los legisladores no disponen del manual de cómo funciona la faz privada y así ha quedado demostrado. Asimismo, y en relación al costo millonario para el Estado reconoció que existen trabajadores de Vieira subsidiados que perciben este beneficio pero que se encuentran trabajando en otras empresas, mencionando respecto a esto que se deberá analizar cada situación individual para depurar la lista de subsidiados.
Somos cómplices los dos…
En la cuenta regresiva de una bomba que estallaría en cualquier momento y remontándonos al pasado inmediato, los peraltistas se jactaban de la hazaña de la expropiación fundamentando su discurso verborrágico sobre los pilares de la “justicia social” del General. ¿Pero cuántos políticos se han preguntado cuál es la ganancia que han perdido los propios trabajadores de Vieira y de los proveedores de servicios locales deseadenses?, ¿Peronismo de quién?. Hasta hace unos días atrás todos desconocían a “Daniel” y lo condenaban por una decisión que se esbozó desde lo local y que contó con su beneplácito bendición con el guiño de “avancen que yo los apoyo”. En la carrera por quien es el que más rápido se lava las manos, la granada va saltando de mano en mano, la pregunta del millón ¿Sobre quién estallará primero? ¿Quién efectivamente cargará con el costo político de una decisión que se basó más en conveniencias rentísticas electorales que en sentar bases para la discusión de un nuevo modelo de desarrollo pesquero? ¿O este problema ahora se constituye en una oportunidad de negocio más para aquel funcionario que logre destrabarle la inhibición de bienes al empresario español?
En la opinión pública han saltado los detalles de los números que ha costado en estos casi dos años la expropiación del capital privado de Eduardo Vieira, que superarían ampliamente la deuda que este mantiene con los acreedores laborales basada en un promedio de $ 10 millones de pesos argentinos. Silenciosamente, sectores políticos y hasta el mismo Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz le han observado al Intendente Ampuero el manejo de estos números en las cuentas públicas del Municipio. El intendente no solo se mantiene callado respecto a este tema en la opinión pública sino que tampoco se expidió como miembro del Comité Acreedor ante la propuesta presentada por Vieira en relación al esquema comercial pactado con NEWSAN S.A. al Sindico de la causa; y fuentes oficiales manifestarían a este medio que también fue la gran voz ausente en la reunión de este viernes. Días atrás, en la opinión pública versaron publicaciones en donde el Tribunal de Cuentas solicitaría explicaciones al Ministro de la Producción Harold Bark sobre dudas acerca de contrataciones y ejecuciones de fondos. A la fecha, esta historia de sospechas acerca de cómo se “opero” con la expropiada empresa deja como saldo la salida de un Ministro de la Producción, la expulsión de un soldado que fue negado por la Diputada y denuncias de irregularidades que llevaron a la renuncia a la cartera de la Subsecretaria de Pesca por parte de Raúl Mella.
Como reflexión final para el lector, podríamos pensar en que esta mala experiencia se convierta en una posibilidad para replantear la actual política pesquera, que solo beneficia intereses funcionales que se presentan en las elecciones en nombre del General Perón. La pregunta obligada para finalizar es la siguiente: ¿Llegó el momento de demandar mayor “Responsabilidad Social a los políticos? O será una demanda solo a los empresarios?
Del Editor – OBSERVADOR CENTRAL
