Diez años pasaron del “Primer Foro Pesquero Santa Cruz Norte – Golfo San Jorge” que reunió por única y por última vez a los principales actores de la pesca provincial, regional y nacional. Desde entonces precedió una historia de discontinuidad de una política pesquera que se venía instaurando en la Provincia de Santa Cruz que pretendía un desarrollo económico inclusivo y sostenible ambientalmente para las comunidades pesqueras de la Provincia de Santa Cruz. En esta nota invitamos a pensar juntos las políticas impulsadas desde distintos gobiernos provinciales, tomando como punto de partida para el análisis el Foro Pesquero realizado en el año 2005 en la Ciudad de Caleta Olivia.
(Año 1 /Edición Nro. 20 /17 de Noviembre 2014/Caleta Olivia) Los días 9, 10 y 11 de noviembre del 2005, el Centro Cultural “Manuel Ramón Camino”, de Caleta Olivia, fue sede de un foro que reunió a los principales actores responsables de la política pesquera nacional, regional y provincial. Participaron también otros actores locales y regionales, que permitieron enriquecer el debate para la construcción de una política pesquera acorde a los intereses de todos los actores del sector.
Uno de los principales participantes del foro, fue el Dr. Sergio Acevedo quien fuere por aquel entonces el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, expreso cuales eran los lineamientos estratégicos de la política pesquera impulsada desde su gobierno; por aquel entonces se discutía la necesidad de alcanzar la meta de re dignificar el empleo santacruceño de las plantas pesqueras y cualificar coterráneos para generación de empleo local, en sencillas palabras el Dr. Acevedo expreso lo siguiente: “En los 25 años de la vida e historia pesquera en nuestra Patagonia, no hemos visto jamás un resultado en rojo en la cuenta y en los balances de los grupos empresarios, y sin embargo, hemos visto bajos salarios, fraude laboral, desocupación, entonces la cuestión ambiental no es solamente el amor a la naturaleza, sino fundamentalmente es cuidar y respetar la dignidad de las personas”.
Puede mencionarse que uno de los logros alcanzados en su corta gestión provincial, fue eliminar parcialmente el régimen de contratación por cooperativas para el trabajo en planta en tierra, el cual desde su perspectiva era una “manera descarada de eludir la ley”. Por otra parte, impulsó en articulación con la Prefectura Naval para que se capaciten a cientos de jóvenes santacruceños para el trabajo en la marinería y de esta manera permitir que se generen mayores puestos de trabajo, sus palabras en relación a esto fueron “Nos planteamos la calidad en el empleo, la marinería, por un lado, donde era mucho más cómodo traer marineros de otros lados durante la zafra. Comenzamos a formar marineros en Santa Cruz”.
Otro de los ejes centrales, en su discurso fue la necesidad de diversificar la actividad a través del desarrollo acuícola, de mayor innovación tecnológica y la necesidad de dotar de mayor valor agregado a la producción actual. Por aquel entonces, existía un Proyecto de construir un Centro de Investigación del Mar para el desarrollo de la acuicultura en Puerto Deseado, pero nunca pudo concretarse, se disponían de los técnicos y del área marítima que reunía las condiciones, pero no se disponía de fondos para concretar la inversión para construir y poner en marcha ese centro. Otro proyecto que por aquellos años se había alcanzado, fue la instalación de una planta para la cría de langostinos bajo sistema de acuicultura, el cual fue realizado por la firma española Argenova S.A., dicho proyecto conformaba parte de los compromisos establecidos dentro de las “metas productivas”, requisito para el otorgamiento anual de permisos de pesca para buques tangoneros basados en el Decreto 300/2005.
Una década de políticas provinciales erráticas
En diez años poco se ha avanzado en materia de legislación ambiental, en materia de regulación y control. Pero también, puede mencionarse como se han desarticulado los equipos técnicos de la Subsecretaria de Pesca, un caso concreto es el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, en donde se monitoreaba el “esfuerzo pesquero” y se arbitraban las herramientas que condujeran a una actividad económica más sustentable. Se ha degradado el rol de la figura del Subsecretario de Pesca, las decisiones son tomadas desde el propio Ministerio, restándole autoridad y capacidad de toma de decisiones a quien es el responsable de ejecutar o diseñar la política pesquera. Por otro lado, en los últimos dos años se han expropiado dos empresas pesqueras, una es el caso de Barilari S.A. en Caleta Olivia y la segunda en Puerto Deseado, Vieira S.A., lo que habla de la crisis social producto de la carencia de políticas pesqueras provinciales. También se han perdido plantas en Puerto San Julián. En materia de pesca artesanal, se ha monopolizado la actividad en un solo empresario. En materia de recaudación, bajo la excusa de la crisis económica del sector, se ha dejado de recaudar lo que corresponde por canon de pesca, siendo permisible el Estado con el empresariado.
En materia laboral, los sectores gremiales, directos e indirectos vinculados a la actividad, han avanzado significativamente en mejores condiciones laborales y económicas para sus afiliados, pero la permanente política de “subsidios” al sector de la estiba pone en riesgo la oportunidad de mayor crecimiento económico a las comunidades, los altos salarios y mecanismos de administración de trabajo que demandan en varias oportunidades han llevado a perderse campañas de calamar para el caso de la vecina localidad de Puerto Deseado, descargándose las capturas en otros puertos patagónicos que ofrezcan mejores condiciones comerciales.
Mientras en los discursos de los distintos Ministros de la Producción que han pasado a lo largo de la gestión de Daniel Peralta, se ha enfatizado la necesidad de “dotar mayor valor agregado a nuestros productos del mar”, esto solo ha quedado en premisas de intención y la política pesquera que aun espera ser discutida en la antesala donde el Gobernador solo parece preocupado por capturar mayor renta minera para cubrir su déficit presupuestario.
El caso de la pesca artesanal en Caleta Olivia
Por el año 2006, la legislatura provincial aprueba la Ley Nro. 2934, uno de los objetivos de la ley era fomentar y darle un marco integral al desarrollo de la pesca artesanal, para Caleta Olivia, esto constituía una herramienta importante para la diversificación de su matriz productiva, basada en el petróleo, para una comunidad que se definía “de espaldas al mar”. Ese desarrollo se articulaba, y se articula actualmente con Puerto Deseado, parte de lo capturado alimenta a plantas de esta localidad. En la actualidad, 130 familias de la costera deseadense viven gracias a la dinámica de la flota pesquera de Caleta Olivia.
Actualmente, y en materia ambiental, a la flota amarilla le ha tocado convivir con la prospección sísmica petrolera realizada en aguas del Golfo San Jorge, si bien aun no es un conflicto resuelto y esas tareas estén demoradas, el sector se encuentra a la espera de la audiencia pública que definirá el futuro de esa actividad económica.
En materia laboral, actualmente alrededor de 50 marineros vinculados a la flota amarilla se encuentran en medida de fuerza, reclamando la actualización del Convenio Colectivo que esta postergado desde el año 2001. El régimen laboral de la flota amarilla es denunciado por los trabajadores, mientras que el sector empresario les reclama representación jurídica de su titular y cumplimiento al acuerdo de bono anual efectivizado previo a entrar en la medida de fuerza. Con todo, este reclamo ha llevado a paralizar una planta de proceso en Puerto Deseado en estos últimos días, por encontrarse desabastecida para producir.
Mientras tanto, en Santa Cruz, la política pesquera queda librada a actores privados, quienes encuentran un espacio de oportunidad para hacer negocios a su manera y gusto y en donde para los funcionarios provinciales esta actividad solo representa un estorbo para su comodidad dado el alto y recurrente nivel de conflictividad social, pero dispuestos a soportarlo por parte de quien logre obtener “la beca” como representante provincial en el Consejo Federal Pesquero.
Por Blanca Montes para Observador Central
