La política del agua: resolver un “nudo gordiano” que ha dejado atrapado al Estado Municipal, a los prestadores de servicios turísticos y a los vecinos de Puerto Deseado en la dependencia de los camiones aguateros. Se trata de un servicio que es necesario, que debe ser complementario a los servicios públicos, pero que generan una extremada dependencia al Estado, a los Ciudadanos y por supuesto a los prestadores turísticos. Entre vender el agua, y los derechos básicos de los ciudadanos ¿qué se pude hacer? En esta nueva coyuntura, la “pelota” la tiene el Estado.
(Año 2/ Edición Nro. 74/ 21 de diciembre de 2015/ Puerto Deseado).
Comienza la temporada turística en Puerto Deseado y los operadores, junto al Estado Municipal, se debaten quedar atrapados por el déficit de agua para sostener los servicios básicos de hotelería y gastronomía. Costos superiores a los $10.000 mensuales por camiones aguateros, un servicio de provisión de agua que no ha sido garantizado, más uno complementario de servicios públicos que vencería a fin de mes, representan hasta el presente la forma que asume la ecuación entre prestadores, Estado Municipal y flota de camiones aguateros.
Comencemos por los usuarios. En puerto Deseado hay cuatro de ellos que utilizan agua: el habitante común; los servicios comerciales que usan agua potable: lavaderos de ropa y vehículos; los servicios turísticos (hotelería y gastronomía); los servicios industriales que usan agua potable complementaria al agua que utilizan del mar (nos referimos básicamente a la industria pesquera y portuaria), y el agua que consumen las propias reparticiones estatales (edificios públicos municipales y provinciales).
Todos estos tipos de usuarios que consumen distintas cantidades de metros cúbicos de agua, están expuestos a consumirla con diversos controles de calidad y cantidad. Nos interesa, en esta oportunidad, conocer el impacto especialmente en el sector turístico; pues este lineamiento de la economía local resulta estratégico como sector del turismo receptivo.
Empecemos por lo básico. Un turismo receptivo requiere como mínimo que los turistas que arriben a la ciudad puedan bañarse y comer con calidad de salubridad que debe ser garantizada por la autoridad de aplicación: Servicios Públicos Provinciales y Bromatología Municipal. Actualmente los prestadores de servicios turísticos, ven con preocupación que las ganancias de una noche de turismo por huésped, debe ser reinvertida en pagar metros cúbicos de agua al servicio de transportes de aguateros que crece a la par de un turismo receptivo que decrece en la calidad del servicio cuando no puede garantizar agua.
La ecuación comercial tal cual se vive hoy, es sintomática de una situación que interpela a todas las autoridades, a los usuarios del agua y los que comercializan el recurso agua.
Ante el déficit de entrada de agua potable en general, Servicios Públicos S.E. no ha dado a basto y gradualmente este faltante de agua por red, ha colocado en la escena pública el surgimiento de los camiones aguateros. Estos operan desde un fin comercial y social, pero representan, por sobre todo, una alternativa que resuelve un problema hasta tanto los sistemas de transportes por acueducto y la planta de osmosis no entren en operación.
Las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas, que deben representar y gestionar los intereses del sector turístico, han propuesto buscar de manera urgente una forma alternativa que resuelva para esta coyuntura estival la situación que impacta negativamente en el sector turístico.
Se han propuesto recuperar un tanque cisterna que actualmente dispone un empleado municipal que al parecer explota económicamente; por ello, pretenden buscar vías las áreas municipales correspondientes, la implementación de una política que implique menores costos y mejor servicio para los prestadores turísticos. Es decir, se han propuesto que se disponga de agua en forma oportuna y que además reduzca los altos costos del sector que les “come” las ganancias mensuales.
Pero no todo es simple. Ante el déficit del recurso agua, ha crecido notablemente la flota de camiones aguateros en un estimado de 15 habilitaciones comerciales. Según pudimos conocer las habilitaciones son autorizadas por el área de inspección general de comercio y por recursos hídricos de la provincia. La premisa para entrar en este circuito que transforma al agua en un bien de intercambio comercial, es relativamente sencilla. Usted debe disponer de un camión y un tanque, habilitación comercial, permiso de bromatología municipal y recursos hídricos provinciales (que les cobra un canon a los aguateros).
Hasta el momento no hemos podido conocer los mecanismos de salubridad de la calidad del agua que proviene de distintas fuentes de abastecimiento; pero lo cierto es que este servicio, que se ha transformado en vital para prestadores y habitantes de Puerto Deseado, genera una serie de contradicciones que las nuevas autoridades legislativas y el poder ejecutivo deberán resolver o profundizar en sus consecuencias. Por ende, a nivel municipal, bromatología deberá explicitar sus nuevas políticas ante este tema sensible al cuidado de la población y nuestros turistas.
Uno de los problemas a resolver es esencial: el Agua no se debería de vender. Contrariamente asistimos a una serie de argumentos que, bajo la fórmula argumentativa de “se cobra el servicio de transporte y no el agua”, continúa creciendo el negocio en precio y la cantidad de unidades comerciales. Un negocio –que por cierto- debe existir, pero que sólo debería de ser complementario a la crisis hídrica de la ciudad. El aumento de este servicio tiene como contrapartida la incapacidad de una gestión colectiva de la sociedad que se ocupe de la distribución oportuna y las medidas compensatorias ante el déficit de aprovisionamiento.
Por otro lado, al incorporar el agua dentro de costos de transportes del servicio, se encubre un problema de no asumir que el agua se está comercializando como un producto más del mercado. El agua que puede ser potable y se comercializa, infringe las normas básicas del propio Estado. En efecto, se sabe que recientemente este recurso ha sido declarado por el propio Concejo Deliberante como un derecho humano, el cual hoy parece estar siendo vulnerado.
Ha sido el propio Concejo Deliberante que ha instituido la Comisión del Agua para atender fórmulas que garanticen que el elemento vital sea resguardado para los distintos tipos de usuarios. No se trata en esta etapa del proceso de recuperación de fuentes de agua potable, donde se generen paliativos de medir y tarifar por tipo de usuarios; se trata de garantizar un alcance más equitativo y universal; un derecho que no vulnere al sector de prestadores en sus ganancias básicas; se trata de un derecho que no afecte al vecino común que debe pagar entre $200 y $300 para llenar sus tanques; se trata de que los aguateros hoy habilitados entiendan que deben avenirse a una política de regulación, no comercial, sino a una política pública de un servicio que no es cualquier servicio.
El agua debe ser un tema de agenda en la gestión de las nuevas autoridades, más si se ha instituido como política de Estado el desarrollo de la actividad turística. Los avatares de los ciclos económicos de la pesca, más un turismo que se desarrolla a ritmo lento y los costos por proveerse de agua, terminan causando el desanimo de los más importantes referentes hoteleros y gastronómicos. ¿Podrá el gobierno municipal contribuir a la resolución de la ecuación social y económica de una problemática que no solo vulnerabiliza la calidad de vida de miles de habitantes, sino que obstaculiza las posibilidades de crecimiento de las actividades económicas?
Por el Equipo Editor de Observador Central.
