Año 7 / Edición XXIV / Buenos Aires / 07-06-2021 / ISSN 2422-7226
Un plenario de la Cámara de Diputados de las comisiones de “Legislación Penal” y “Mujeres y Diversidad”, le dio dictamen a un proyecto que busca incorporar al Código Penal la figura de “legítima defensa privilegiada”, que se remonta al delito cometido en contexto de violencia dentro del ámbito intrafamiliar, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor.
El pasado 3 de Junio, fecha del sexto aniversario del “Ni una menos”, que fue la primera movilización de las mujeres para reclamar por sus derechos en Plaza Congreso, las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres de la cámara baja, conducida por las diputadas Carolina Gaillard y Mónica Macha, firmó un despacho para reformar el artículo 34 del Código Penal sobre imputabilidad.
El dictamen se redactó en base a cuatro proyectos de ley presentados por la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Claudia Najul (UCR), Silvia Lospenatto (PRO) y Enrique Estevez (Partido Socialista), y los aportes realizados por el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez. El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal, por el cual si la acusada es una víctima de violencia de género, el juez debe analizar si corresponde declarar la inimputabilidad.
De este modo, las situaciones de violencia de género intrafamiliar pasarán a estar comprendidas entre las variables de las situaciones de legítima defensa que contempla el Código Penal.
Al comienzo de la reunión la presidenta de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró la necesidad de “abordar proyectos de violencia de género para mejorar las herramientas legislativas e incorporar cuestiones pendientes de género en el ámbito penal”.
«No es casual la fecha. Hoy se cumplen seis años del ‘Ni una menos’, aquella movilización donde espontáneamente salieron millones de mujeres a reclamar por sus derechos», agregó Gaillard
En ese sentido la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (Frente de Todos), recordó que a través de la militancia “hemos logrado que muchos de los temas de la agenda feminista y transfeminista sean parte de la agenda política central”.
La diputada Álvarez Rodríguez, una de las autoras del proyecto, señaló que «en este plenario que estamos proponiendo modificar el Artículo 34 inciso 6 del Código Penal, para que se contemple como legítima defensa los casos en donde las mujeres actúen en defensa propia contra su agresor». También agregó «en Argentina la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar que se defienden de sus agresores terminan siendo criminalizadas por una justicia penal sin perspectiva de género».
Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), celebró los “acuerdos políticos transversales en pos de avanzar en políticas públicas que sigan contribuyendo a reducir las desigualdades, los femicidios y, como este proyecto, incluir la perspectiva de género en el Estado”.
En tanto, la legisladora radical Claudia Najul remarcó «este gran consenso habla a las claras de la importancia de contar con esta modificación. Nuestro proyecto justamente hablaba de incluir en este artículo 34 esta modificación del párrafo específico dirigido a jueces y juezas para que tengan en consideración la situación de un contexto de violencia de género en los términos de los tratados de derechos humanos».Recordó que “existe jurisprudencia” y citó un antecedente en la provincia de Mendoza, donde la justicia tuvo en cuenta el contexto de violencia de género estructural.
Por su parte, la diputada Silvia Lospenatto, como autora de una de las iniciativas en debate, mencionó que el proyecto sistematiza una práctica que “la jurisprudencia ya viene reconociendo”. “Hubo un gran consenso y escuchamos a muchos especialistas, fiscalas, abogadas y abogados penalistas, y esas reuniones sirvieron para que podamos avanzar con más celeridad”.
El diputado Estévez advirtió sobre “la presunta neutralidad de la ley penal”, al considerar que “no es tal cuando se dan situaciones de desigualdad y violencia estructural que están inmersas en nuestro sistema de justicia”. Señaló “esto exige un cambio de paradigma, que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género”. Y rescató «creemos que es correcto haber optado por esta fórmula dentro de un contexto de violencias de género en el ámbito intrafamiliar y analizarlos ya que requieren de una atención especial por parte del sistema de justicia”.
Fuente: www.diputados.gov.ar 3/07/21