Hoy nadie discutiría qué con más de 100 años de historia en la Cuenca del Golfo San Jorge no existe memoria histórica que recuerde acerca cómo impactan en las políticas petroleras nacionales los cambios de las reglas de juego en el plano internacional. Así, cuando los precios de mercado del crudo en tanto commoditty de la economía nacional entran en baja, los actores regionales vuelven a preguntarse ¿por qué estamos en crisis? es entonces cuando la paz social y la tasa de ganancia entran en tensión para producir nuevos equilibrios y nuevas desigualdades. Presentamos aquí algunas reflexiones para comenzar a construir los apuntes de un análisis de la política petrolera vista desde la perspectiva de los actores del territorio.
(Año 2/ Edición Nro. 77/ 11 de Enero de 2016/ Provincia de Santa Cruz).
La lectura primaria, suele explicar cada ciclo de crisis del precio del crudo, asociada casi con exclusividad a indicadores de mercado. La variación del precio internacional del crudo se presenta así como la variable estructural y estructurante de los impactos cíclicos que vivencian las políticas petroleras nacionales y provinciales. Dicho en otros términos, cada vez que el precio internacional del crudo entra en crisis y estornuda, acá en Santa Cruz nos resfriamos.
En esta provincia, también existe bastante experiencia acumulada, acerca de cómo varían las reglas de juego en los territorios provinciales, cuando los gobiernos centrales se tornan más liberales y centralistas. Sabido es que, en nombre de la Nación se han avasallado en el pasado y presente, derechos provinciales que debieron y deberían ser irrenunciables.
Hoy, el control de la gestión y retención por precio por exportación que liquidan las principales operadoras ante el gobierno central, versus el precio del “barril criollo”, forma parte de una ecuación que redime en gran medida la fórmula del juego entre los actores nacionales, provinciales y territoriales.
Dentro de este escenario, por vez primera en la historia de la política petrolera de Santa Cruz, coexiste una crisis del valor del crudo en el mercado internacional, con una tensión directa entre un gobierno nacional de perfil neoliberal y un gobierno provincial que – aún cuando ha sido protagonista reciente de la historia petrolera nacional- hereda una política provincial manejada casi directamente por el propio ex Gobernador Daniel Peralta. Este en sus idas y vueltas con los ideólogos que establecieron el 2004 el control de precios de combustibles y la Ley 26.197 del año 2007, privilegió un perfil más cercano a su estilo sindical que a una política petrolera de coordinación horizontal con la totalidad de actores del circuito productivo del petróleo.
La otra novedad es que, en el territorio vinculado a la Cuenca, luego del periodo menemista iniciado el año 1989, más el efecto privatizador del año 1992 y la reforma constitucional del año 1994, vio nacer, morir y sobrevivir una diversidad de PYMES petroleras. Algunas de estas han logrado subsistir y consolidarse, y lo han hecho en el marco de un fino equilibrio de coordinación y ciclos de tensión con las grandes operadoras transnacionales, los sindicatos del sector y las políticas estatales de nación y provincia.
Las PYMES en sus distintas escalas -dependiendo de su posicionamiento estratégico en la cadena de proveedores de las grandes operadoras- se han constituido así como actores económicos regionales y locales con alto impacto social en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Sabemos por experiencia previa, de los distintos intentos de formar una Cámara Empresarial del Norte de Santa Cruz con identidad específica en el empresariado PYMES de Santa Cruz Norte. Sin embargo, las intenciones quedaron siempre subordinadas al liderazgo de los emprendedores y empresarios de Comodoro Rivadavia.
Emprendedores y empresarios de PYMES de Santa Cruz Norte oscilan así necesariamente entre la visión estratégica de la explotación de la Cuenca Petrolera y la centralización del liderazgo del movimiento económico que se focaliza y capitaliza mayormente desde Comodoro Rivadavia. Este dato es tan nítido, que cualquier análisis en off de los actores del mundo petrolero, destacan el diferencial mayúsculo entre las políticas petroleras que ocurren entre ambas provincias de la denominada Cuenca Petrolera del Golfo San Jorge.
Recientemente en Chubut un dirigente de los trabajadores accedió a PETROMINERA, el equivalente de FOMICRUZ, y su designación representó algo más que un acuerdo político. También, hace solo días un funcionario provincial del área hidrocarburifera de Chubut, se jactaba ante la actual crisis qué solo “…el año 2014 en concepto de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, las transferencias que efectivizó Chubut al erario nacional totalizaron 4.342 millones de pesos. Esa cifra significa que el aporte per cápita de nuestra provincia fue de 8.529 pesos, ubicándose «50 por ciento por encima de la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, 35 veces más que Córdoba, 16 veces más que la provincia de Buenos Aires y 9 veces más que Santa Cruz…Chubut aportó el equivalente a 20 provincias argentinas y excepto CABA, Santa Fe y Buenos Aires, es el mayor aportante…” Ambos hechos tratan de actores y políticas que emergen de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Otro factor que cambió absolutamente el escenario de aprovechamiento estratégico de los recursos de Zona Norte a partir de la privatización menemista, ha sido la configuración del rol histórico del movimiento de defensa social de los derechos de los trabajadores. Mientras el SUPE histórico en Santa Cruz Norte se ha restringido a preservar los derechos de los ex ypefianos, el Sindicato Petrolero de Santa Cruz, ha escrito su historia oscilando variable de ajuste del mercado internacional y/o siendo presa de sus propias contradicciones de internas que terminan en alianzas con la política que a su vez los condiciona. Sin mayor capacidad de sus liderazgos para reconocer donde está el adversario de la fuerza trabajadora, pareciera en el mediano plazo, no lograr comprender con exactitud que significa construir capitalismo en el territorio.
En otro orden, para ningún habitante informado, resulta desconocido la incidencia del salario petrolero en la vida cotidiana del conjunto del tejido social de Santa Cruz. El salario petrolero representa un derecho y no un privilegio, pero al estar sujeto a las variables y valores del mercado internacional, genera en nuestro territorio una extraña sensación de privilegio frente al valor del salario de cualquier otro trabajador del sector privado y/ estatal. Es tal la magnitud de la desigualdad del precio del salario petrolero -frente a los otros empleos del mercado de trabajo regional- que cualquier éxito reivindicativo, resulta necesariamente en un impacto negativo para el resto de los sectores del trabajo productivo y servicios.
Es tal el impacto de la renta petrolera en el territorio, que no sólo el salario del trabajador petrolero puede generar desequilibrios en el acceso a bienes y servicios de los trabajadores; la coparticipación de la Provincia mediante regalías, representa la otra cara de la moneda con la que se construye las nuevas formas de desigualdad social en el territorio de Santa Cruz. En efecto, la redistribución negativa de la renta petrolera, que se ha usado como gasto por sobre la inversión productiva, son el resultado de la complicidad estructural de un Estado débil y un capitalismo transnacional que a través de sus apoderados crítica las erráticas políticas públicas en secreto, mientras permite que todo siga igual.
Las observaciones anteriores no eximen al empresariado PYMES regional de situaciones de inequidad que a través de sus propias capacidades de organización pueda generar también nuevas desigualdades en la estructura social del mercado de trabajo y en las propias sociedades. Sin embrago, también es cierto que, en la cadena de formación del precio final del valor del crudo y barril criollo -las PYMES y trabajadores- terminan en determinadas situaciones siendo rehenes del mismo amo.
Así la denominada “paz social” resulta ser el argumento esgrimido por trabajadores y Pymes regionales, mientras que como contrapartida las grandes operadoras reclaman incentivos para extraer, exportar e importar, bajo apercibimiento a los actores del territorio de generar despidos. Así habla el mercado real.
Tenemos entonces que entre ciclos de federalismo y centralismo y dinámica de actores regionales, hoy la disyuntiva pasa entre ajustar las estructuras de operadoras a condiciones internacionales, paralelo a sostener el nivel de empleo sin despidos masivos o parciales. Entre estos factores, la tensión entre las políticas petroleras provinciales y la de Macri, colocan a dos actores claves en la arena del conflicto: Las PYMES regionales y los Sindicatos. Un alto funcionario de Macri (Alfonso Prat Gay en foto de portada) sostuvo enfáticamente que los sindicatos deberán optar por sostener las fuentes de empleo o reclamar salarios en el actual escenario de crisis del valor del crudo. El mensaje está muy claro y es directo.
Bien al estilo de lo que fuera la historia de la antigüedad de la humanidad, el Gobierno con sesgo Neoliberal de Mauricio Macri, se propone borrar todo signo de su dinastía predecesora. La disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que derogó gran parte del articulado del Reglamento del Régimen de Soberanía ideado por el Kirchnerismo es indicativo de este ejercicio de política petrolera. En definitiva, estamos ante un nuevo ciclo de Centralismo y de economía de mercado patrocinada desde el propio Estado.
En conclusión, la realidad exige al Estado de Santa Cruz una gestión de políticas públicas de la más alta calidad e inteligencia. Políticas que a la hora de jugar la redistribución de la renta petrolera que obtiene por regalías evite tener como constante una provincia pobre en su capacidad de gestión; una provincia que no puede negar que su redistribución negativa de la renta petrolera ha instalado una economía del subsidio y muchas injusticas en su régimen de coparticipación municipal.
La realidad exige también una calidad de la política sindical cualificada que evite perder el horizonte estratégico de las alianzas territoriales y por sobre todo la imagen constante de trabajadores petroleros “gordos” que sólo se miran el ombligo mientras el resto de los trabajadores se hacen “flacos” y sin capacidad de consumo, ni de ser portadores de derechos de inclusión en los beneficios positivos que debería de generar la dinámica productiva economía dominante.
La realidad exige también que las Pymes regionales articulen una estrategia de apoyada por parte del Estado Provincial y Nacional de manera sincera. Sin descuidar las políticas de la Cuenca petrolera en igualdad de condiciones con las PYMES de Chubut, el empresariado PYMES del Norte de Santa Cruz, por ahora asiste a las señales que emite el Estado Provincial de Santa Cruz, tanto de energía como de producción. Reuniones protocolares entre representantes institucionales de empresas para actualizar una agenda de problemas por todos conocidos es por ahora la imagen que se observa en la opinión pública.
A veces, nos asusta hablar de capitalismo en serio. Sin embargo, no podría existir fuerza trabajadora probable que reivindique derechos si no existiera ese capitalismo perverso que criticamos y respiramos como aire. Peor aún, sin capitalismo regional, las condiciones estructurales que transferirán ganancias mayúsculas a las grandes operadoras transnacionales y al gobierno central, sólo redistribuirán el ajuste a los territorios petroleros, es decir a sus trabajadores, PYMES y la masa de empleados estatales que usufructúa las “migajas” de renta petrolera mediante el salario estatal.
En definitiva, Santa Cruz deberá ponerse a la altura de las circunstancias de la economía con sesgo neoliberal que se impondrá en las macro políticas económicas. Lejos de toda complicidad de las internas políticas y más cerca de una política petrolera nacional y provincial de Estado, los actores del territorio tal vez sean capaces de construir un capitalismo regional con mayores signos de equidad y responsabilidad social.
Por el Equipo Editor de Observador Central.
