(Año 1 /Edición Nro. 18 /03 de Noviembre 2014/Provincia de Santa Cruz)
Recreamos el artículo de Jorge Lapeña como opinión que revisa el estado de situación del sector energético y la situación de la Ley de Hidrocarburos que ha sido recientemente aprobada en el Parlamento de la República Argentina. El artículo recuerda la posición y el compromiso de los principales candidatos presidenciales no oficialistas ante una controvertida ley impulsada por un gobierno progresista y defendida por quienes son tildados por el gobierno como defensores de la entrega de recursos naturales en los 90’.
Provincia de Santa Cruz, 03/11/14. Aunque el Gobierno logre imponer su reforma, la oposición acordó que tras las elecciones la reemplazará por otra norma del área energética que cuente con mayor consenso político.
El Informe de Tendencias del Instituto General Mosconi correspondientes Agosto 2014 (wwwiae.org.ar) muestra que el sector energético argentino permanece y agrava su crisis estructural. Continúa disminuyendo la producción total de gas natural y de petróleo; y no se producen descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos. Todo ello en el marco de un muy fuerte incremento de los subsidios energéticos y una crónica disminución de las reservas de divisas y ausencia de crédito externo.
En el año en curso los principales candidatos presidenciales: Sergio Massa; Mauricio Macri; Ernesto Sanz; Julio Cobos; Margarita Stolbizer y los principales partidos políticos de la oposición han firmado una “Carta de Compromiso” que contiene un conjunto de acuerdos de política energética para el largo plazo. Los políticos han comprometido la palabra, pero mucho más que ello han dado una señal política significativa: aún en medio de una campaña electoral y de los rótulos ideológicos con que cada uno se presenta a la competencia; existen temas que pueden ser razonablemente excluidos de la disputa, preservados de la demagogia y acordados con racionalidad.
Me interesa destacar lo que establece ese compromiso en lo relativo a los hidrocarburos que, como bien se sabe, constituyen la columna vertebral de nuestro sector energético.
“Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva ley de hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización”
La lectura del párrafo precedente muestra a una oposición política que maduramente acuerda reformular la estructura legal, lo que incluye una nueva ley de hidrocarburos en el marco de una política de largo plazo también acordada. Sin embargo la realidad de estos días nos muestra un Poder Ejecutivo que -ya en el último tramo de su extenso mandato- arrolla a la oposición y, prácticamente en soledad y en un trámite exprés aprueba –gracias a su mayoría en el Senado- una modificación a la obsoleta y desactualizada ley 17319 vigente.
El proyecto cuenta con media sanción ha puesto de manifiesto varias cosas: a) la primera espada en su concepción y defensa es el CEO de YPF; un funcionario que representa al Poder Ejecutivo –principal accionista de la compañía- que fenece en términos prácticos en 10 meses; b) la ley prorroga por plazos excesivamente largos las actuales tenencias de áreas lo que bloqueará –o tornará muy onerosa- cualquier reforma que se intente realizar en materia de hidrocarburos; c) la ley tiene como beneficiarios solo a las empresas petroleras que en este momento poseen las áreas.
Una comprobación es evidente: el Gobierno que termina impulsa en soledad absoluta una ley sin acuerdo con la oposición -que no solo ya la rechazó en el Senado- sino que además tiene acuerdos transversales firmados que van en sentido contrario a la ley aprobada. En este sentido pareciera que el proyecto, de aprobarse en diputados en una forma similar a la del Senado, nacería muerto.
Se abre a futuro entonces grandes interrogantes que mientras no se resuelvan no permitirá a nuestro país abandonar la robusta decadencia que hoy exhibe. El primero es discernir cual será el verdadero objetivo del Gobierno. El segundo es si Gobierno que asuma en 2015 aceptará mansamente trabajar a futuro con el “remiendo legal” impuesto por el gobierno saliente que ignora olímpicamente a la oposición un año antes.
Aceptará mansamente el nuevo Gobierno que una ley concebida para mantener el statu quo de tenencia de los permisos y concesiones y prolongarlo indefinidamente que solo beneficia a los actuales poseedores de esas áreas, que impide el ingreso competitivo de nuevas empresas petroleras que hoy no están en Argentina.
En definitiva: ¿se resignará el nuevo Gobierno a ser un “maniatado legal” en un área vital para la economía del país que debe ser objeto una profunda reingeniería?.
Visto los interrogantes, que hoy no pueden tener una respuesta contundente, pareciera que el gobierno se encamina a una nueva victoria pírrica. Le cabría la famosa frase de Miguel de Unamuno pronunciada en la Universidad de Salamanca en 1936: “venceréis pero no convenceréis.”
Por Jorge Lapeña, publicado en Clarín 22/10/14, colaboración especial de LGI Asociados (Informes Reservados)
