Puerto Deseado. 04/08/14. Mediante el Decreto 1388/13, la administración nacional restituyó a la provincia de Santa Cruz las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia, en el marco del Convenio de Adhesión firmado en el pasado entre la provincia y el gobierno menemista.
“La política imperante de los ’90 y el rol de los Estados”
La década de los ’90, fue un período signado de políticas nacionales que promovían la inversión privada extranjera, la privatización de las empresas del Estado y la redefinición de nuevos roles y funciones de las Provincias y Municipios, a través de las “políticas de descentralización”. En consecuencia, todo esto configuró un modelo político (y de pensamiento) de desarrollo económico y productivo que potenciaba la promoción de grandes industrias, mayormente extranjeras, que era beneficioso además por la política cambiaria y fiscal de aquellos años. Política cambiaria, que permitiría la fuga de capitales sin restricciones del país. Es así, y en este marco como se promocionaron desde el Estado Nacional herramientas como las de creación de Zonas Francas, reembolsos por exportación por puertos patagónicos, estabilidad fiscal a las inversiones mineras, reintegros a la exportación, entre otras medidas de “estimulo”.
El proyecto de las Zonas Francas de Caleta Olivia y Río Gallegos data de la era menemista, la cual fue dejada sin efecto desde el año 2001, por el controvertido ex Ministro de Economía Domingo Cavallo. Para ese entonces Néstor Kirchner denunciaba al Gobierno Nacional de reprimir este proyecto, debido a las diferencias políticas que los separaban por aquel entonces. Como dato que se trae al presente, en el discurso del oficialismo peraltista y del Frente para la Victoria, expresan públicamente que quienes tuvieron en aquella oportunidad la concesión de esas zonas francas, seria una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en donde algunas de las empresas miembros se tratarían de firma del Grupo Costa, articulando en las chicanas políticas contra el actual Diputado Nacional Eduardo Costa y el énfasis puesto por este legislador al presentar un proyecto de Ley Nacional para la creación de una Zona Franca en Santa Cruz durante su mandato en el año 2011, cuestionándolo de tener mayores intereses, que los beneficios para toda su provincia.
“¿Empresa de Consumo o clúster industrial?”
La zona franca más conocida por los santacruceños es la de Punta Arenas, ya que es utilizada como escapada turística de fin de semana para la compra de electrónica, alimentos, vestimentas, entre otros productos. Este es uno de los motivos que inspiro a la administración provincial de Néstor Kirchner de los ’90, y reforzada en los últimos tiempos por las actuales gestiones, de retener ese flujo de dinero que se estaría fugando hacia el país limítrofe. Para el caso de las Zonas Francas de Caleta Olivia y Puerto Deseado, se trataría de zonas francas que no tendrán restricciones especiales a las operaciones de divisas, títulos, valores, dinero, metales preciosos, en la cual regirán la legislación financiera cambiaria con vigencia en el territorio aduanero general, los voceros oficiales enfatizarían “la importancia de las mismas para las mineras y petroleras de la zona”. Ambas son de tipo industrial, en el caso de Río Gallegos se incorporara además la figura de “Comercial”, es decir, que se podrán comprar mercaderías al por menor de origen extranjero, gozando de una franquicia máxima de 300 dólares por persona, por mes (no es acumulativa); y para el caso de automóviles el monto máximo será de 25.000 dólares, los mismos no serán originarios del Mercosur.
¿Qué efecto dinamizador producirá estas zonas francas al contexto económico provincial?
Esta respuesta dependerá, efectivamente, de cuál es la estrategia que se está esbozando desde el Estado nacional, provincial y de los Gobiernos municipales e inclusive de las propias Agencias de Desarrollo instaladas en el territorio. Acerca del proyecto no abunda mucha información más que la exposición, por parte de un funcionario provincial de producción, de principios teóricos acerca de que son, para que sirven, y que supuestos efectos generara sobre la generación de empleo en el territorio. Ahora bien, este proyecto podría beneficiar al “concesionario” y a una élite de empresarios locales, como así también y sin lugar a dudas motivara la radicación de empresas de capital trasnacional que proveerá de insumos, bienes y servicios a la industria. Respecto a estas últimas, la experiencia nacional ha indicado que se trata de empresas que trasladan fases de producción intensiva en la utilización de mano de obra, para aprovechar las diferencias de costos del factor trabajo con los del país de origen. El equilibrio en el nivel de empleo, solo se podrá sostener en tanto y en cuanto el Estado aporte esquemas que favorezcan y corrijan los desequilibrios económicos del empresariado, ejemplo de esto lo hemos visto en el caso de otras políticas de estimulo a la industrialización como lo fue el caso de la producción de electrónica en Tierra del Fuego, que concluyo en la década de los ‘90 con el cierre de las fábricas; y actualmente en la intervención que tuvo que realizar el Estado Nacional para el sostenimiento de los empleos de la industria automotriz alentando el consumo de los particulares a través de la creación del PROCREAR AUTOS, para sostener una situación que generaría la perdida de importantes fuentes de trabajo. A esto se debe sumar el esfuerzo, relacionados a las inversiones, que deberán hacer el Estado nacional, provincial, para generar las condiciones que debe tener una región para convertirse en propicia para aspirar a ser zona franca.
Aprovechar la oportunidad para modificar la matriz productiva provincial
¿Cuál será el rol de las Agencias de Desarrollo y de los organismos del Estado para que efectivamente se produzca un impacto positivo a raíz de la instalación de estas zonas francas? Será necesario impulsar herramientas, que fortalezcan o apoyen iniciativas exportadoras de las Pymes Santacruceñas, para ello se requiere de una fuerte política sectorial estatal, en articulación público – privado, que permita incrementar la competitividad de estas unidades económicas, reducir costos de operaciones, la existencia de innovación tecnológica, mayor nivel de capacitación a los RRHH y capacidad del managment regional, como así también de herramientas que permitan el acceso al crédito para la expansión, entre otros privilegios. ¿Existirá capacidad profesional en el territorio, para fortalecer y acompañar esta iniciativa propulsada por el Estado Nacional? ¿Disponemos una cultura emprendedora, capaz de aventurarse al desafío de colocar al territorio en el mercado internacional?.
Las políticas de Estados que favorezcan el ambiente de negocios
Una adecuada y sostenida política fiscal y monetaria, favorecerán también al entorno de negocios. De esta manera, los empresarios pymes tendrán posibilidades de diversificar su capital, reinventándose en una nueva clase empresarial, con conocimiento de mercados internacionales por ejemplo, que permitan ampliar su visión de negocios. De esta manera se evitará que ambas zonas francas se constituyan en enclaves y que generen perjuicio al resto del territorio y de sus actividades económicas por fuera del régimen especial, siendo éstas un instrumento alternativo y adicional al modelo de desarrollo territorial.
Por último, cabe mencionar que habrán novedades a partir del día 7 de agosto acerca de quién será el concesionario que tendrá a cargo la construcción, la explotación y administración del las zonas francas de Caleta Olivia y Rio Gallegos de este emprendimiento.
Colaboración Lic. Magali Sequeira. Licenciada en Comercio Internacional – UADE
