Año 5 / Edición XIII / Caleta Olivia / 11-05-2020 / ISSN 2422-7226
Son 417 despedidos por decisión del nuevo interventor Aníbal Fernández.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que actualmente preside la doctora Diana Cañal, podría resolver inmediatamente después que se restablezca la actividad judicial, un recurso de amparo interpuesto por dos abogadas porteñas a favor de numerosos trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fueron despedidos a principios de este año por decisión del nuevo interventor de la empresa, Aníbal Fernández.
Los cesanteados suman algo más de cuatrocientos y además de los formales argumentos jurídicos, las letradas particulares que asumieron la defensa de gran parte de ellos, Valeria Carrera y Verónica Sánchez, formularon otros de fuerte contenido social y humanitario.
Carreras es una letrada que en principio cobró notoriedad nacional por ser una de las querellantes en la causa del Submarino ARA San Juan que se centró el Juzgado Federal de Caleta Olivia y luego por la referida al asesinato del joven Fernando Báez por parte de un grupo de rugbiers en Villa Gesell, en ambos casos junto al mediático abogado Fernando Burlando.
Además, tiene un amplio conocimiento sobre la historia de Río Turbio ya que una familiar directa (Lucia Knoll) vivió en esa localidad en la década del 60 ejerciendo su profesión de enfermera.
A principios de marzo, ambas abogadas viajaron hasta la cuenca carbonífera para reunirse con los obreros que solicitaron que los patrocinaran ya que no fueron pocos los colegas de la zona que optaron por no lidiar legalmente contra un fuerte entorno político, tras lo cual se abrió una causa en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 con sede en Comodoro PY de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta semana, al ser contactada por el Diario El Patagónico, citó que resulta un contrasentido que en noviembre de 2018 cuando a gestión nacional macrista motorizó masivos despidos de obreros de YCRT, la gobernadora Alicia Kirchner manifestó que era inadmisible que se perdieran puestos laborales en pueblos donde a la mayoría de las familias depende de la producción del recurso mineral “pero nada dijo sobre los 417 despidos que, sin temblarle el pulso, ordenó entre febrero y marzo de 2020 el flamante interventor Aníbal Fernández”.
Por ello, entre los fundamentos del recurso de amparo para posibilitar que la Cámara del Trabajo ordene la reincorporación de trabajadores, se dejó expresado que “la riqueza del negro mineral es indiscutible y el esfuerzo que implica trabajar en aquel lugar lejano y duro es admirable”.
“La dignidad del hombre es universal –se destaca- y es menester señalar que la ciudad de Río Turbio nació al ritmo de la extracción de carbón. Ello es palpable a poco de acceder a la historia de su gente y además YCRT es uno de los activos más importantes del país”.
Fuente: El Patagónico
