El Consejo Agrario Provincial (CAP) podría estar generando una línea de confrontación institucional entre el Gobierno Provincial de la Dra. Alicia Kirchner y la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. Esta última que inaugurará hoy 13 de Marzo el inicio del año institucional con seguridad no dejará de incluir en el discurso de su Presidente de Comisión esta preocupación a todas luces puede ser leída como de avasallamiento.
(Año 3 / Edición Nro. 86/ 13 de Marzo de 2017 / Provincia de Santa Cruz)
En más de una oportunidad desde este portal hemos destacado la calidad del trabajo institucional del Ordenamiento Urbano que la Comisión de Cañadón Seco viene ejecutando. La recuperación de espacios públicos, las políticas de infraestructura para vivienda, salud, deporte y educación se han destacado como ejemplo política comunal. Las Políticas de Responsabilidad Social Empresaria, las Políticas Culturales reflejada en la espacialidad urbana son contundentes de un equipo de gestión que ha logrado hacer realidad la autonomía y autarquía estatal de una comunidad.
Como espacio urbano fundada en 1944, supo ser símbolo de barrios petroleros, de gas del estado y hoy con una población superior a los 1000 habitantes y con un tramado empresarial de Pymes y de representaciones de operadoras transnacionales y de vecinos que vienen y van diariamente legitimando el ordenamiento territorial liderado desde la Comuna.
Todo parecía estar sobre ruedas cuando el federalismo provincial y la autonomía comunal se encaminaban en el cumplimiento de la Ley 55 de Comisiones de Fomento. Sin embargo, el estilo del pasado, expresado en conductas del presente de funcionarios de alto rango del CAP y que representan al Gobierno Provincial, podrían echar por tierra, cualquier intencionalidad de la propia Gobernador de hablar de Acuerdo Social en Santa Cruz Norte.
Hasta el presente, hemos sido testigos públicos de un Comisionado que insiste en la necesidad de que las fuerzas políticas no oficiales respeten la institucionalidad del gobierno de Santa Cruz, paradójicamente hoy el accionar del Presidente del CAP Sr. Javier de Urquiza pone en franca contradicción al Comisionado entre su forma de reclamar la institucionalidad para un gobierno que se la niega.
En efecto, la violación de las modificatorias establecida para la Ley N° 55 sobre el uso de la tierra pública parecieran no haber sido letra apropiada por el Presidente del CAP quien estaría violando abiertamente la institucionalidad comunal. El tema en cuestión es bien preciso: Javier de Urquiza en representación del Gobierno Provincial y las facultades que le confieren sus atributos de presidente del CAP habría otorgado de manera directa unas 20 solicitudes de tierra del ejido urbano de Cañadón Seco, adjudicándola sin consulta, coordinación, ni diálogo con los Planes de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.
Si bien el caso habría tenido varios intentos de consenso para hacer cumplir la Ley 55 y su artículo 88, Urquiza, el Presidente del CAP no sólo no habría atenido las solicitudes de tierras de manera directa, sino que mientras sostenía diálogos de aparente consenso entre el Comisionado y la propia Dra. Alicia Kirchner, directamente habría adjudicado con resoluciones documentadas tierras del ejido urbano de Cañadón Seco.
Estos hechos, que colocan en plena confrontación institucional al Gobierno Provincial con uno de los principales líderes del justicialismo de Zona Norte. Este habría impugnado administrativa y legalmente el perjuicio de la comuna, lo que también habría sido rechazado por el CAP. Soloaga ahora se aprestaría para comenzar a recorrer los pasillos del Tribunal Superior de Justicia para luego ingresar al camino de la judicialización y la confrontación abierta.
Observador Central pudo conocer que la Comisión de Cañadón Seco evalúa este accionar unilateral del CAP como un atropello institucional, sin límites pues se estarían violando todos los principios constitucionales de la Provincia, y leyes que la propia Legislatura consideraría de violatorios a la vida institucional de Cañadón Seco que fundada en 1944 como ámbito de poblamiento urbano. Esta comuna que además ha sido receptora de tierras de YPF el año 2000 para ser destinadas al desarrollo de Cañadón, para nada tendría que soportar semejante involucramiento de un organismo como el CAP creada el año 1961 para intervenir en el desarrollo y poblamiento de espacios rurales.
Una de las mayores preocupaciones del equipo de gestión de la Comisión es lo que un funcionario de la misma reveló a Observador Central como “estafa moral” al adjudicar tierras que más tarde o más temprano deberán volver jurídicamente al Gobierno Comunal. La ley Nº 3346 y publicada en el Boletín Oficial del 17 de junio 2014 establece explícitamente en su artículo Artículo 88, Inciso (n) que la Comisión de Fomento elegida democráticamente deberá: “involucrase con el CAP ante solicitudes de tierra de su comunidad, determinando la planificación y ordenamiento por parte de la Comisión de Fomento, marcando prioridades y definiendo proyectos, haciendo prevalecer el beneficio del habitante local, sin obstruir proyectos considerados de utilidad pública”
El posible metejón de patas que el CAP deberá remontar o aferrase a su verdad, no sólo ha introducido un conflicto entre vecinos, la institucionalidad jurídica de la Comisión y la Provincia de Santa Cruz, sino que echa por tierra cualquier intento de validar un acuerdo social en uno de los principales bastiones del espacio político del Justicialismo en la Zona Norte.
En consecuencia las miradas de nuestros protagonistas en el slide y que identifica esta nota no sólo debe ser leída como un recursos mediático, sino que deben ser interpretada en su esencia de miradas, estilos y fundamentalmente en clara sintonía con el hecho que el “Negro Soloaga” junto con ponerse el saco, también se ha puesto “Kufiya” para usarla no necesariamente como indumentaria de moda.
Equipo Editor de Observador Central
