La gobernabilidad de una ciudad compete al liderazgo de un Poder Ejecutivo elegido por la ciudadanía, pero también a la responsabilidad presente y futura del restante colectivo de actores políticos, institucionales y económicos comprometidos con una visión de la ciudad. En esta nota de opinión se exponen algunos puntos clave de la dinámica política local, a más de un mes de gestión de un Gobierno Municipal, que sigue esperando un Proyecto concreto de Gobernabilidad.
(Año 2 / Edición Nro. 78 / 18 de enero de 2016/ Caleta Olivia).
Ha transcurrido más de un mes de cambio de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo local, y hasta este momento el pasado político se ha impuesto como único presente. Conflictos con trabajadores de distintos sectores de actividades económicas, imposición mediática de culpables del estado de situación, “chispazos” con el Gobierno provincial por falta de presencia en la ciudad, estructuran la agenda presente de la gobernabilidad.
Sólo en dos temas se han unificado oficialismo y oposición local, siendo voceros de los reclamos sociales por empleo del movimiento de trabajadores y los salarios actualizados de los propios funcionarios. Existe así cierto acuerdo generalizado de percibir los conflictos sociales como causales de agentes externos al territorio, paralelo a no incluir en la unificación una herencia de políticas y actores del pasado, por ejemplo, de Lázaro Báez, y la política de subsidios consolidados en el Estado en la gestión de Daniel Peralta.
De igual manera, la diferenciación comienza a vislumbrarse con mayor claridad cuando hay que defender las políticas pos neoliberales de MACRI, y la política de Ajuste del Estado por parte del gobierno provincial de la Dra. Alicia Kirchner. Aquí cada sector se ve obligado a la “obediencia debida” de sus pertenencias políticas y con ello resultan altamente proactivos a la agenda de la reproducción de la situación de Caleta Olivia. Lejos estamos de la capacidad de construir políticas de Estado para la Ciudad en donde el arco político total pueda sincerarse.
Como novedades de la semana, el movimiento de los trabajadores a través de sus líderes sindicales, transmitió una imagen de ellos mismos unificados ante las políticas petroleras, y en sintonía explícita con el arco político provincial oficialista, con el Intendente Municipal y los intendentes de “Cambiemos”, que se plegaron detrás de los líderes sindicales.
Curiosamente reclamando el sostenimiento de empleo de los sectores productivos del capitalismo el Secretario de Trabajo Teodoro “Lalo Camino” -máxima autoridad de Trabajo de la Provincia- asistió a la multitudinaria marcha sindical. Esta presencia puso en evidencia una de las contradicciones del Estado Provincial, que propone atraer inversiones a la vez que el secretario de Estado proclama públicamente su posición de adversidad ante el “capitalismo salvaje”.
Sólo esta escena es indicativa de la señal de seguridad jurídica que ofrece la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz ante los inversores y empresarios de las distintas dinámicas productivas. En definitiva, todas señales que terminarán refutando o validando la intención de querer “industrializar” para modificar la matriz de empleo provincial, conformada ampliamente por el empleo público.
Si bien esta imagen unificada resulta impactante, queda la duda si el mensaje producirá algún tipo de efecto intimidatorio ante los poderes económicos nacionales y transnacionales, o quedará como un esfuerzo más de recuperar legitimidad de líderes sindicales ante sus propias fuerzas trabajadoras. También queda la duda si la señal del gobierno provincial, intentando capitalizar este mensaje al Empresariado Transnacional y al Gobierno de Macri, producirá el efecto deseado.
La segunda novedad, estuvo dada por el intento del gobierno de Facundo Prades (Foto de Portada) de cobrar impuestos comerciales por uso del ejido municipal a la empresa TERMAP. Este hecho frustrado legalmente por la justicia federal, mostró que la iniciativa que alcanzó alta legitimidad social generó un antecedente específico de necesidad de que las empresas extractivas cuenten con la licencia social de las Comunidades, además de los permisos provinciales.
En el análisis político estricto, el peronismo total de Caleta Olivia (Justicialismo y Frente para la Victoria), pareciera no lograr salir de la parálisis post elecciones. Fernando Cotillo si bien logró constituirse en la segunda mayoría dentro del Sublema que representaba, no logró instituirse en una opción de amplia legitimación electoral. Completamente abandonado por María Ester Labado, quien ni siquiera se dispuso a encarar una campaña electoral, encontraría mayor lealtad en políticos como Rubén Contreras con sus escasos votos. Resultó así, paradójico e inolvidable para el peronismo total, que una Senadora Nacional se haya alineado más con la política del extinto político Intendente brabucón, quien a su vez se alineó explícitamente con Facundo Prades.
Por su parte, el destino o escenario de la suerte en la que ha quedado el Gobierno del actual Intendente de Caleta Olivia, dependerá en gran medida de su personalidad, del manejo de los tiempos políticos y de la capacidad de reclutar capacidades técnicas para producir resultados, más que agentes productores de discursos. Hasta hoy la acción de gobernabilidad más activa es el que evidencia querer intentar cobrar un impuesto municipal a TERMAP.
Ahora se trata de esperar que Facundo Prades, comience a tener oportunidad de gobernar con agenda propia y/o gobernar la agenda de la realidad que se le impone, si su capacidad de gestión resultara limitada. La energía mediática por ahora reemplaza a la agenda de construir un destino común y administrar las herencias del pasado que se imponen como único presente para gestionar.
Por Ignacio Guillotín para Observador Central.
